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REGÍSTRATE AQUÍPor: J. Troncoso Ostornol
Publicado: Lunes 6 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.
Coincidiendo con el alza de los fertilizantes en el mundo debido a la guerra en Medio Oriente, SQM presentó ajustes operacionales en Pampa Blanca, una faena ubicada en la comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta, desde donde extrae caliche, yodo y productos para la nutrición vegetal.
La minera cuenta con una resolución de calificación ambiental aprobada en el año 2010, pero a poco andar cerró operaciones y recién las reanudó el año pasado, tras el cese de la planta Pedro de Valdivia.
Como el proyecto requiere ajustes después de tantos años sin funcionar, SQM -a través de su filial SQM Industrial- ingresó una consulta de pertinencia al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), detallando las modificaciones, que aunque son menores demandan una inversión de US$ 20 millones.
Entre los cambios que se requieren en Minera Pampa Blanca figuran líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje, obras interiores en los centros de operación minera, un camino de acceso a la zona de explotación, plantas de agua, generadores eléctricos, entre otros. Parte de la producción de esta faena será transportada hacia la Planta de Yoduro Florencia, se detalla en la consulta.
La iniciativa tiene una duración de 20 años, a contar desde la reapertura en 2025, es decir, se extiende hasta 2045.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.