El cambio climático tiene impactos evidentes -y cada vez más frecuentes- sobre el planeta y las personas. Y ni siquiera los mercados de capitales están fuera de su alcance.
La forma en que estos últimos podrían usarse para financiar una transición hacia una economía baja en carbono ha sido estudiada por Johannes Stroebel, académico de la Universidad de Nueva York (NYU) hace años, y dado el crecimiento del campo en el último tiempo, elaboró junto a su colega Jeffrey Wurgler el estudio “¿Qué opinas sobre el financiamiento climático?”.
Para hacer un balance sobre “dónde estamos” en materia de financiamiento climático, los investigadores aplicaron una encuesta global anónima a 861 economistas selectos del área, profesionales de finanzas, reguladores y economistas de instituciones públicas como bancos centrales.
A partir de ella, identificaron que los encuestados ven el tema regulatorio como el principal riesgo relacionado con el cambio climático para los inversionistas y las empresas durante los próximos cinco años, pero consideran el factor físico como el principal reto durante los próximos 30 años.
Otro hallazgo del estudio, explica Stroebel, es la cantidad de académicos que piensan que los mercados siguen subestimando los riesgos financieros que reviste el cambio climático en relación con los precios excesivos.
Marina Hermosilla, directora ejecutiva de Líderes Empresariales por la Acción Climática (CLG-Chile) de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, explica que “en Chile tenemos los mismos riesgos regulatorios y físicos que el resto del mundo, y como en el caso del estudio, ambos están subestimados, no sólo en los mercados, sino desde el punto de vista de los reguladores y de la academia asociada al mundo financiero”.
Acelerar el tranco
La investigación también plantea que “la presión de los inversionistas institucionales se considera la fuerza más poderosa para el cambio entre los mecanismos financieros”, y entre los mecanismos no financieros, los impuestos al carbono y los subsidios gubernamentales se consideran los “más potentes”.
Stroebel, doctor en Economía en Stanford, plantea un impuesto al carbono y otras políticas para fijar el precio del mismo tienen que jugar un papel central entre las medidas más urgentes, pero recuerda que estos son políticamente impopulares, sobre todo en Estados Unidos.
Por lo mismo, dice que se necesitarán más medidas, y si bien esto será un “riesgo regulatorio” para las empresas que emiten mucho carbono en la actualidad, “esta es precisamente la presión que las alentará a cambiar sus comportamientos”.
Hermosilla agrega que usar las herramientas del mercado acompañadas de un “buen diseño de política” es la forma más eficiente de asignación de los recursos.
Pese a los avances, dice que los reguladores en Chile están atrasados, y recuerda que “sería posible un progreso más rápido a menor costo si los responsables de la formulación de políticas hacen su parte”.
Hacer obligatorio el reporte de aspectos relacionados con variables ambientales, sociales y de gobernanza -incluyendo el riesgo y gestión climática- para las empresas, banca y aseguradoras es, según la experta, otra acción inmediata para reducir el riesgo regulatorio.
También sugiere entregar información a los inversionistas sobre qué empresas están más expuestas a los riesgos de la crisis climática, cuáles son las que están mejor preparadas y cuáles están tomando medidas, entre otros aspectos.
Hermosilla propone adoptar un impuesto al carbono creciente en el tiempo, y dice que el precio de este debe incorporarse en las decisiones de inversión y política pública, “de manera que las decisiones del Estado incorporen los criterios de riesgo climático y hacer el mejor uso del conjunto limitado de fondos públicos”.
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