Un viernes hace exactamente cinco semanas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció la quina de nombres que propondría el Gobierno para ser consejeros del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), que gestionará el Seguro Social que se creó con la reforma de pensiones.
Una de esas candidatas era la economista Soledad Hormazábal, exintegrante de la mesa técnica de pensiones, quien junto a los otros cuatro, fue ratificada por el Senado el pasado 28 de mayo. En el caso de ella, había sido propuesta por el Gobierno para el período de seis años, siendo junto al economista Enrique Marshall, la consejera cuyo nombramiento se extendería por un período mayor al del resto.
Sin embargo, esta semana Hormazábal comunicó al ministro Marcel que no podrá asumir. ¿La razón? La economista tomó conocimiento de que existe una inhabilidad que pesa sobre ella, pues su marido tiene participación en la propiedad de una Administradora General de Fondos (AGF).
Según la ley 21.735, que originó el nuevo sistema de pensiones, existe una serie de inhabilidades que deberán tener los consejeros del ente, las que de hecho, dificultaron la búsqueda de nombres debido a su amplitud.
En el artículo 38, establece que no podrá ser consejero la persona que tenga participación en la propiedad de una AFP, AGF, compañía de seguros de vida, o una participación en las empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de aquellas. De acuerdo al cuerpo legal, estas inhabilidades “se extenderán a las o los cónyuges, convivientes civiles y parientes hasta el primer grado de consanguinidad y hasta el primer grado de afinidad de las personas señaladas en dichos números”.
Según relató a DF la propia Hormazábal, cuando se percató que podría tener un impedimento para asumir oficialmente, contactó a un abogado experto en derecho administrativo para chequear, quien le confirmó que su aprehensión era correcta.
Apenas tuvo esa certeza, fue la propia consejera ratificada quien le comunicó al ministro de Hacienda que no podría ser nombrada.
Lo que viene
La situación generará que ahora el Gobierno deba buscar y proponer un nuevo nombre para conformar los cinco miembros del Consejo. Dada la estructura que establece la ley, la persona debe ser mujer.
La búsqueda no será fácil, no solo por las inhabilidades y el requisito de que sea mujer, ambos factores que ya acotan el universo de nombres disponibles. Sino que, distintas fuentes señalaron que es clave que sea un perfil que entienda el mundo previsional. De hecho, Hormazábal es experta en esas materias.
Fuentes cercanas a la oposición aseguraron que en el sector son conscientes de que la búsqueda se pone cuesta arriba, pero sostuvieron que levantarán nombres para mantener el cupo que correspondía a ese sector, con la amenaza de que ante la eventualidad que no encuentren un reemplazo que genere respaldo para el Gobierno, termine en manos de la centro izquierda.
Lo cierto es que cuando se defina el nuevo candidato, este deberá pasar nuevamente por la ratificación del Senado, tal como lo había hecho la primera quina propuesta por el Ejecutivo.
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