A primera hora de la mañana del pasado jueves 29 de mayo, la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, llegó hasta la Superintendencia de Pensiones para reunirse por ley de lobby, con el regulador, Osvaldo Macías.
¿La razón? Conversar acerca del polémico proyecto de norma de carácter general que introduce modificaciones en materia de publicidad a las AFP y que el regulador puso en consulta el pasado 16 de mayo -en el marco de la implementación de la reforma de pensiones.
Apenas se hizo público, el planteamiento de la Super encendió las alertas en la industria previsional.
Conocedores de la situación aseguraron que la intención del regulador que dirige Macías no es atentar contra la democracia e impedir el ejercicio del gremio, sino que construir la nueva norma tomando en consideración los comentarios que hizo el mercado, sin premura, pues los tiempos que establece la ley para esta materia son más holgados que en el caso de otras de la puesta en marcha.
En detalle, la propuesta de normativa que lanzó el organismo determina que será objeto de fiscalización “toda publicidad, promoción o auspicio, que las administradoras efectúen, directa o indirectamente, de forma pública o masiva, a través de personas naturales o jurídicas que reciban financiamiento directo o indirecto de una o más administradoras”.
Para algunos actores la industria y también según han opinado expertos, el regulador fue más allá de sus atribuciones con lo que plantea, mientras que otros incluso estiman que una normativa de este tipo sería inconstitucional. En el caso de la situación del gremio, advierten que tendría implicancias en términos de libertad de expresión y coartaría el ejercicio de la asociación.
Por ejemplo, cuando salió la norma a consulta, el abogado y exfiscal de la Superintendencia de Pensiones, Alejandro Charme, señaló a DF que “un Estado de Derecho exige que las autoridades actúen dentro de su competencia y respetando el principio de reserva legal, esto es, que la Superintendencia no puede legislar a través de sus normas y menos vulnerar garantías constitucionales como la autonomía de la voluntad de los cuerpos intermedios, como las asociaciones gremiales, a través de los cuales se expresa una democracia”.
Discrepancia
La motivación de la cita de Yazigi con Macías habría sido justamente expresar su discrepancia con el proyecto que busca llevar adelante el regulador, cuyos comentarios ya se habían hecho formalmente a través de las respuestas que envió el gremio a la consulta pública que llevó adelante la institución.
Según consta en el registro de Lobby de la Superintendencia, al encuentro, la economista fue acompañada por los abogados del gremio, Ignacio Traub y Camila Simunovic, esta última como la nueva gerenta legal y de asuntos regulatorios de la Asociación que reúne a seis de las siete administradoras que componen el mercado.
En tanto, algunas fuentes de la industria aseguraron que el timing llamó la atención, pues la ley determina un plazo más largo para poner en curso los cambios en materia de publicidad, todo mientras que estiman que hay otras urgencias en cuanto a la puesta en marcha de la reforma.
Conocedores de la situación, aseguraron a DF que la intención del ente fiscalizador que dirige Macías no es atentar contra la democracia e impedir el ejercicio del gremio, sino que cumplir con lo que estableció la ley.
El regulador deberá analizar los comentarios que hizo llegar el mercado a su propuesta, lo que se haría sin premura, pues existen otros temas de la puesta en marcha que hoy son más urgentes, mientras que para este, la ley otorga un mayor tiempo de definición.
Esto, porque hay plazos que se avecinan próximamente, como por ejemplo todas las preparaciones de cara al pago de beneficios, que comienza en septiembre con el primer grupo que recibirá el alza de la PGU y luego desde enero, cuando comiencen a pagarse otros como la garantía por años cotizados y la compensación a mujeres por expectativas de vida.
Todo esto además de una serie de hitos a los que se debe dar el puntapié inicial y en los que la Super tiene puesto el acelerador, con normativas que ya salieron a consulta y que se están analizando para emitir las definitivas.
Por ejemplo, está elaborando las bases de licitación para la consultoría que debe contratar con el fin de construir el nuevo régimen de inversiones. También aquellas que respectan al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).
Sobre la norma de publicidad, incluso hay quienes piensan desde ya que la Superintendencia ha mostrado señales de que el documento final terminaría siendo más moderado de lo que se planteó inicialmente.
Trabajo conjunto
En la industria, distintas fuentes señalaron que ha existido un trabajo positivo entre el regulador y las AFP en los primeros meses de cara a la implementación de la reforma.
De hecho, el propio Macías ha comentado que el proceso de puesta en marcha requiere de la colaboración y trabajo conjunto de los distintos actores con la finalidad de poner a disposición toda la experiencia acumulada para hacer una correcta implementación.
No obstante, en el sector privado reconocen que situaciones como esta generan roces y que hacen ruido en medio del inicio del proceso.
Otro tema que en la industria genera molestia es la diferencia que existe a juicio de las AFP entre lo que deben realizar éstas y lo que se le exige al Instituto de Previsión Social (IPS).
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