El alza en el costo de las patentes mineras comenzó a tensionar al sector y encendió alertas sobre un eventual cambio en la propiedad de las concesiones en Chile. Desde la Cámara Minera de Chile advierten que la implementación del nuevo régimen de patentes mineras, que elevó significativamente los pagos exigidos y sumó nuevas condiciones para acceder a rebajas, está dejando a múltiples titulares sin capacidad de cumplir con estas obligaciones, lo que podría derivar en procesos de remate en distintas zonas del país.
El escenario se origina en la implementación de la Ley 21.420, que modificó de forma sustantiva el sistema de amparo del Código de Minería. Según el gremio, esto ha generado una presión económica relevante sobre concesionarios, afectando con mayor fuerza a la pequeña y mediana minería, así como a proyectos en etapas tempranas de exploración o desarrollo.
Suspensión de remates
En ese contexto, el director de la Cámara Minera de Chile, Patricio Cartagena, advirtió sobre las consecuencias que podría tener este proceso si no se introducen ajustes en el corto plazo. “De mantenerse este escenario, existe el riesgo de que se produzca un proceso de remates masivos de concesiones mineras, lo que podría generar efectos nocivos en el mercado minero, por ello, le solicitamos a las autoridades evaluar con urgencia la suspensión transitoria de los remates de concesiones mineras asociados al no pago de patentes, con el objeto de evitar efectos irreversibles sobre la propiedad minera”.
El objetivo, señalan, es evitar efectos irreversibles en la propiedad minera y corregir posibles distorsiones generadas en la transición regulatoria.
Estructura del mercado
El gremio plantea que la pérdida de concesiones en este contexto no solo impactaría a los actuales titulares, sino que también podría alterar la estructura del mercado, favoreciendo procesos de concentración de la propiedad minera. Esto, advierten, pondría en riesgo la continuidad de actores más pequeños y modificaría el equilibrio del sector.
La preocupación del gremio se instala en un momento en que la industria enfrenta múltiples ajustes regulatorios, en un contexto donde la estabilidad jurídica y las condiciones de operación son consideradas claves para el desarrollo de nuevos proyectos y la continuidad de los existentes.