Desde el 31 de diciembre y hasta el 31 de enero está disponible para consulta pública el anteproyecto de Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles de Chile (T-MAS), un esfuerzo liderado por la Oficina de Finanzas Sostenibles del Ministerio de Hacienda para establecer un lenguaje común que permita determinar si una actividad es sostenible.
En esta iniciativa -que será presentada oficialmente el viernes 10 en un evento en la Universidad Adolfo Ibáñez- también colaboraron organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Pero ¿a qué se refiere este concepto? El texto define la taxonomía como un sistema de clasificación que permite homologar -mediante un lenguaje común basado en la ciencia- cuando una actividad económica se está llevando a cabo de manera sostenible.
“Este instrumento establece un marco común que proporciona certidumbre, transparencia y comparabilidad sobre qué se considera sostenible desde un punto de vista ambiental, facilitando la toma de decisiones en los mercados financieros”, dijo a DF la jefa de la Oficina de Finanzas Sostenibles del Ministerio de Hacienda, María Paz Gutiérrez.
La autoridad destacó que la taxonomía permite identificar más fácilmente proyectos alineados con los compromisos ambientales del país, pudiendo mitigar riesgos de greenwashing y apoyar la eficiencia en los procesos de evaluación ambiental.
Asimismo, “ayuda a fomentar el acceso a financiamiento sostenible y atrae inversión internacional, al brindar confianza sobre la sostenibilidad de las actividades productivas. Además, permite a las empresas locales mejorar su competitividad y reputación al alinearse con estándares exigidos por los mercados globales”, planteó.
Cuatro elementos
La T-MAS tiene cuatro elementos estructurales. El primero son los objetivos medioambientales, que deben estar alineados con las prioridades y la agenda de desarrollo sostenible del país, además de los compromisos internacionales.
El segundo elemento son las reglas mínimas, que son el conjunto de condiciones o requisitos que deben cumplir las actividades económicas elegibles para que se consideren medioambientalmente sostenibles.
El tercero son los sectores económicos elegibles y el último son las actividades económicas elegibles.
Los objetivos medioambientales son seis: mitigación del cambio climático; adaptación al cambio climático; transición hacia una economía circular; uso sostenible de los recursos hídricos y marinos; conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad; y prevención y control de la contaminación.
La taxonomía comprende nueve sectores económicos elegibles: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura; minas y canteras; industrias manufactureras; suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación; construcción; transporte y almacenamiento; información y comunicaciones; y actividades inmobiliarias.
Para que una actividad económica elegible se considere medioambientalmente sostenible debe cumplir con las siguientes reglas: contribuir sustancialmente a uno o varios de los objetivos medioambientales; no hacer daño significativo a ninguno de los objetivos medioambientales; y cumplir con las salvaguardas mínimas sociales.
Impacto en la inversión
Para la directora del Centro Futuros Empresariales de la Escuela de Negocios de la UAI, Magdalena Aninat, hay dos elementos destacables: “El proceso iterativo de construcción de la taxonomía -que incluyó a expertos, organismos multilaterales y diálogo con los sectores financieros y productivos- y que sea una clasificación flexible, que será complementada y mejorada en el tiempo”.
Asimismo, destacó que “indirectamente, la taxonomía debiera contribuir a potenciar las inversiones, dando claridad de información y comparabilidad para los inversionistas tanto de fondos como de bonos sostenibles y verdes, donde hay interesantes oportunidades de financiamiento para las empresas”.
La atracción de inversiones también fue un punto destacado por el líder de Sostenibilidad de Deloitte, Gabriel Acuña. “Necesitamos crecimiento, y para crecer hay que hacer cosas distintas e invertir. La sostenibilidad puede ser una palanca clave para lograr ambas, al abrir puertas a nuevos mercados, permitir en algunos casos buscar un premio en precio por atributos de sostenibilidad y atraer inversión”, dijo.
En ese sentido, agregó, la taxonomía puede brindar certidumbre, fortaleciendo la confianza de bancos e inversionistas globales. “Al ser interoperable con estándares internacionales, se convierte en un elemento diferenciador para atraer inversión desde jurisdicciones con altos estándares de sostenibilidad, como la Unión Europea, Japón e incluso China, posicionando a Chile como un destino confiable y competitivo en sectores estratégicos como energías renovables, manufactura, agroindustria y, sobre todo, minería”, manifestó.
Eso sí, hay desafíos. Aninat planteó que se requiere más claridad en dos ámbitos: “En los criterios sociales, que en esta primera versión son muy genéricos, y en la implementación de la taxonomía y en especial cómo se integrará en las regulaciones existentes y nuevas”.
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