Esta semana llamó la atención un aviso a página completa que publicó Greenpeace Chile en El Mercurio. “Sr Presidente Boric: Ud prometió terminar con las zonas de sacrificio. Pero las promesas no las eliminan. Las decisiones sí”. Desde la ONG explican que la campaña “Gracias por Nada” destaca la importancia de la independencia política y económica para investigar, denunciar abusos de empresas y defender el medioambiente con total libertad. “Al no aceptar donaciones ni presiones de gobiernos, partidos ni compañías, la organización ha mantenido su labor por más de 30 años en Chile y 55 en el mundo. La campaña recuerda a políticos y empresas que no les debemos nada, y agradece a los socios que hacen posible este trabajo: a ellos les decimos ‘gracias por todo’”, afirma Matías Asun, director de Greenpeace Chile.
También plantea preocupación por ver “un gobierno saliente con un programa ambiental ambicioso que enfrentó dificultades” en un contexto de discursos que priorizan la explotación de recursos naturales; y, por otro, una nueva administración que ha dejado lo ambiental en segundo plano y ha criticado tanto la defensa del ambiente como la realización de evaluaciones ambientales transparentes y participativas. Dice que tras la publicación del aviso no recibieron respuesta interna por parte de exautoridades, pero se imagina que a muchos les hizo sentido: “Es evidente que hay asignaturas pendientes y es noble reconocerlo. La tendencia a defensas corporativas es muy propia del mundo político en todos sus colores. Greenpeace siempre ha sido una organización muy crítica sin importar quién esté al frente, y muy frontal respecto de la defensa de la naturaleza”.
- El mismo día del cambio de mando, uno de los primeros decretos firmados por el presidente Kast apunta a destrabar 51 trámites pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Cómo toman esta señal?
Sabemos que los nuevos gobiernos se llenan de promesas a su lado de la galería al asumir: eso ocurrió cuando Kast afirmó que aprobaría Dominga, pese a que el proyecto está rechazado y rodeado de investigaciones, lo que podría constituir una ilegalidad o incluso corrupción. Hacer políticas públicas sin análisis detallado aumenta el riesgo de errores; por eso insistimos en que cada proyecto debería evaluarse por su mérito, considerando sus impactos en comunidades y naturaleza. Decidir “destrabar” una cincuentena de proyectos a pocas horas de asumir el mando muestra falta de seriedad y explica por qué muchas decisiones terminan resolviéndose en tribunales en lugar de basarse en un desarrollo responsable del país.
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