Una comisión técnica con asesores que represente a los distintos sectores políticos y también al Ministerio de Hacienda se acordó conformar en el marco de la segunda sesión de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que discute la megareforma de reactivación y reconstrucción presentada por el Ejecutivo, la cual tiene suma urgencia para su tramitación.
¿El objetivo? Concordar las principales cifras y proyecciones económicas y fiscales de la normativa.
Lo anterior en medio de los cuestionamientos de la oposición a las cifras y proyecciones de la normativa y al informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Por ello, el presidente del grupo legislativo, diputado Agustín Romero (Republicanos), planteó la conformación del grupo de asesores, como se ha hecho con otras reformas complejas, que comenzará a trabajar en los próximos días, lo cual contó con el respaldo del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
Respecto a la sesión de este jueves, el secretario de Estado se dio el tiempo para responder las inquietudes principalmente de los legisladores de oposición, defendiendo los supuestos y cifras de la iniciativa, pero también la forma en que fue elaborado el informe financiero (IF) del proyecto.
Descartó primero inconsistencia de datos en el IF, indicando que “estamos basándonos en otros estudios, como es la comisión Marfán. No son ficciones, son estimaciones en bases empíricas” y que “la inclusión de estos efectos en el informe financiero es una obligación legal contenida en la Ley de Responsabilidad Fiscal”.
Respecto al deterioro de las arcas fiscales que implica el proyecto, sostuvo que “en esto no hay misterio, el proyecto tiene impacto negativo en este gobierno en términos de recaudación, por eso estamos tomando medidas de ahorro fiscal, como el 3% de ajuste por ministerios para entregar un país en orden en las cuentas al final de este gobierno”.
El ministro enfatizó que “somos muy transparentes y francos, a diferencia de otros que hicieron proyecciones de recaudación que no se cumplieron. Estas estimaciones no son de nosotros, es de un comité de economistas formado en el gobierno pasado”.
Quiroz también defendió la invariabilidad tributaria que contiene el proyecto, al señalar que “a lo que se refiere es al contrato ley, eso no implica legislar sobre impuestos a futuro. Es plenamente constitucional, lo hemos estudiado”.
A pesar de las explicaciones, el diputado Jorge Brito (FA) sostuvo que a su juicio las cifras están sobreestimadas; el diputado Carlos Bianchi (IND-PPD), señaló que sigue sin convencerse; y Boris Barrera (PC) planteó que “para que el ministro nos pueda convencer debe mostrarnos de dónde sacó los datos utilizados para las diferentes estimaciones que tiene este proyecto”.
Nueva anomalía
Ante las consultas respecto a los efectos del megaproyecto en la convergencia fiscal, Quiroz señaló que el primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la actual administración se entrega a mediados de mayo “y hay que decir que el ajuste fiscal en proceso es parte de las fuentes de financiamiento del proyecto. Está descrito en los artículos transitorios”.
Explicó que “en este reordenamiento de las cuentas fiscales, tenemos que ver con que la deuda flotante es la más alta en la historia, con el problema de tensiones de gasto como la ley de reajuste y con algo que hemos descubierto recientemente y es anómalo”.
En específico, la autoridad reveló que “el sistema de recepción de facturas fue cerrado antes de tiempo, debió haber funcionado todo el 8 de enero y se cerró a las 8:01 horas de ese día. Este es un problema no es solo de gasto publico, sino de ordenamiento de cuentas”.
Comentó que “hemos tenido acceso a esto viendo los computadores y un reproche de la contralora general a la exdirectora de Presupuestos (Javiera Martínez). La hora de cierre era hasta el final del 8 de enero. Tenemos los mails internos, no lo habíamos querido comunicar. Pero es algo lo estamos trabajando internamente”.
El director de Presupuestos, José Pablo Gómez, debió explicar cómo se relaciona la meta de balance estructural con los supuestos detrás del informe financiero, donde recordó que en la primera quincena de mayo se dará a conocer el Informe de Finanzas Públicas que resolverá muchas dudas.
Dijo que el IFP va a “reflejar tres volúmenes de cambios para mejorar convergencia: variaciones de ingresos que se puedan estar observando derivadas tanto del comportamiento de la economía como la crisis geopolítica; ver si los ingresos estructurales en función de proyecciones se comportan según lo esperado; y el comportamiento de los gastos en el año”.
Agregó que “con eso el IFP será sobre gastos en la Ley de Presupuestos que ya tenía problemas de financiamiento. Aparecen presiones de gastos de leyes parcialmente financiadas. Luego aparece como efecto caja o gasto aquellos pagos de deudas flotantes que se hicieron antes del 31 de marzo y los efectos de las leyes que permitieron compensar los efectos de la guerra y el petróleo”.
Gómez luego recordó que el siguiente paso es el decreto de política fiscal con la trayectoria del balance estructural para los cuatro años de administración, que se emite el 11 de junio.
Finalmente planteó que hay que indicar las fuentes de los recursos en los IF cuando corresponda y que “la única manera de hacer reasignaciones es hacer cambios en donde hay mayores asignaciones de recursos. Es en ese contexto que a modo ilustrativo y por eso se incorporan los $ 1,7 billones (casi US$ 2.000 millones) del ajuste que llevamos hasta ahora”.
Quiroz también abordó la tasa de impuesto de las Pymes. Sostuvo que el impuesto corporativo efectivo “en este proyecto como consecuencia del crédito tributario a la contratación de la mano de obra formal, baja a una cifra al 7% del 12,5% actual”.
Respecto del régimen definitivo de las pequeñas empresas, adelantó que “nuestro objetivo a largo plazo como gobierno es mantener ese impuesto a 12,5% para todas las Pymes, pero no se incluye en este proyecto porque se va a incluir después en otra iniciativa en que vamos a tratar de perfeccionar otros problemas que tienen las Pymes”.
Donde puso como ejemplo “que cuando suben sus rentas y pasan el umbral pasan de un régimen a otro y queremos resolver también los temas de formalidad. Queremos ver una solución integral que compete a muchos partidos que han participado en esto. Me refiero al PNL y los partidos del gobierno más el PDG”.
Meta de empleo
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, también entregó por primera vez sus metas para la creación de empleo en los cuatro años de gobierno de la actual administración.
Señaló que “al término de los cuatro años queremos llevar la tasa de desempleo al 6,5%” y reveló que la meta del Gobierno es “crear del orden de 600 mil a 650 mil empleos, dependiendo de cómo crezca la fuerza de trabajo”.
La comisión ya comenzó a recibir propuestas para organismos que serán invitados a exponer sobre el proyecto, entre los que se cuentan el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el Banco Central, el Banco Interamericano de Desarrollo, (BID) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros.
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