"En cuatro años más nos debieran evaluar por una economía creciendo al 4%, un balance fiscal en equilibrio, y un desempleo acercándose al 6%".
Esta fue la ambiciosa triple meta que estableció el pasado 24 de enero el por entonces designado y hoy ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para la naciente administración de José Antonio Kast, en entrevista con DF Mas.
Aquel triple objetivo fue analizado por dos investigadores de peso del Centro de Estudios Públicos (CEP): el expresidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Rodríguez Cabello, y el extimonel del Banco Central, Rodrigo Vergara, quienes desglosaron el plan y propusieron medidas para avanzar en su cumplimiento.
En su análisis, los economistas califican los objetivos como ambiciosos, considerando el escenario actual, aunque dentro del rango de lo posible si se implementa un conjunto de políticas públicas orientadas a impulsar el crecimiento, fortalecer el mercado laboral y ordenar las cuentas fiscales.
"Las 3 metas del ministro Quiroz: difíciles, pero no imposibles", parte señalando el documento.
Crecimiento
En cuanto al crecimiento económico -medido a través del Producto Interno Bruto (PIB)-, el informe destaca que Chile arrastra más de una década de bajo dinamismo.
Desde la segunda mitad de los 80s hasta 2013, la economía creció en promedio un 5,5%. Sin embargo, entre 2014 y 2025, esa cifra se redujo a cerca de un 2%.
En este contexto, el ministro Quiroz se fijó como meta alcanzar un crecimiento tendencial del 4% al término de su administración. El objetivo implica, en la práctica, duplicar la capacidad de crecimiento en un período de cuatro años, lo que el análisis del CEP califica como "ambicioso".
Para avanzar hacia esa meta, el informe destaca dos medidas principales. La primera es la agilización de proyectos de inversión mediante la racionalización y reducción de los tiempos de permisos. Considerando la cantidad de iniciativas actualmente en espera, una disminución de los plazos en un tercio podría elevar el crecimiento anual en torno a 0,24 puntos porcentuales.
La segunda medida apunta a la reducción del impuesto corporativo, para situarlo entre 20% y 23%. Según el análisis, llevar la tasa al 23% podría aumentar el crecimiento anual en aproximadamente 0,26 puntos porcentuales, lo que en un horizonte de diez años implicaría un mayor nivel de actividad cercano al 2,6%.
Empleo
La segunda meta planteada por el ministro Quiroz apunta al mercado laboral, con el objetivo de reducir el desempleo hacia el 6%. Actualmente, la tasa se ubica en 8,3%, correspondiente al trimestre noviembre 2025 - enero 2026, tras haber alcanzado un máximo de 10,9% en 2020.
El análisis del CEP pone el foco en la evolución de los ocupados en términos desestacionalizados, donde se observa que aún faltan más de 280.000 empleos para recuperar los niveles previos a la pandemia, cuando el empleo crecía a una tasa anual de 1,5%.
En este contexto, el informe plantea que la recuperación del mercado laboral requiere políticas públicas orientadas a la generación de empleo, en línea con el desempeño del crecimiento económico, pero también con medidas específicas.
Entre ellas, se menciona la implementación del subsidio unificado al empleo, que reemplaza tres instrumentos vigentes (jóvenes y mujeres, adultos mayores y discapacitados) y contempla aportes de hasta un 20% de la remuneración, beneficiando a los grupos mencionados por igual.
Asimismo, se plantea avanzar -con eventuales perfeccionamientos- en el proyecto de sala cuna universal, que busca modificar la normativa actual para que este derecho no dependa de la cantidad de trabajadoras en una empresa, sino que se extienda a trabajadores y trabajadoras, financiado por un fondo solidario.
Balance fiscal
La tercera meta planteada por el ministro Quiroz corresponde al frente fiscal, donde el objetivo es alcanzar un balance estructural en equilibrio. A diferencia de las otras metas, el informe destaca que estas se rigen por una institucionalidad específica, que obliga a definir las bases de la política fiscal dentro de los primeros tres meses de Gobierno.
En ese marco, se debe establecer el nivel prudente de deuda pública que el Ejecutivo se compromete a no sobrepasar, junto con las metas de balance estructural para cada año y la situación patrimonial del sector público, incluyendo los ahorros en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y otros activos del Tesoro Público.
Respecto a la deuda, el Ministerio de Hacienda fijó en 2022 un umbral de 45% del PIB. Actualmente, esta se ubica en torno a 43,3%, lo que, según el análisis, da cuenta de un escenario estrecho. En ese contexto, el informe advierte la necesidad de enfrentar la trayectoria del gasto público, que ha superado a los ingresos estructurales en 16 de los últimos 18 años, con un déficit promedio de 2% del PIB, lo que se considera una dinámica insostenible.
Frente a esto, el Gobierno ha planteado una estrategia que incluye limitar -y recortar- el gasto público. No obstante, el análisis del CEP subraya que estos ajustes deberían concentrarse en el gasto corriente, evitando recortes en inversión, dado su impacto en el crecimiento. Para ello, se mencionan propuestas como la identificación de programas mal evaluados, ineficiencias y problemas de focalización, lo que implica desafíos tanto técnicos como de economía política.
En cuanto a las metas de balance estructural, el informe señala que estas deben considerar una convergencia gradual hacia el equilibrio. Sin embargo, dado que el resultado de 2025 fue de -3,6% del PIB, se advierte que este proceso podría requerir una transición más extensa, para lo cual será relevante la opinión del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
En materia de ahorros, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado que el FEES alcance al menos un 5% del PIB para enfrentar eventuales crisis, como ocurrió durante la pandemia. Actualmente, este se sitúa en torno al 1%, por lo que su reconstrucción requerirá, según el informe, la generación de superávits fiscales en el futuro.
En este escenario, el análisis concluye que los desafíos fiscales del nuevo gobierno son significativos, tanto por el punto de partida como por una tendencia de deterioro que se arrastra por cerca de dos décadas. En ese contexto, se plantea que avanzar en estas metas requerirá acuerdos amplios entre el Ejecutivo y el Congreso, que permitan sostener las medidas en el tiempo.
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Jorge Quiroz
