El gobierno continúa la titánica tarea de amarrar los apoyos para viabilizar su proyecto de ley de reactivación y reconstrucción nacional, en medio de frenéticas negociaciones a nivel político con distintas bancadas y actores, como los gremios de pequeñas empresas.
Un proceso que se da en paralelo a una certeza: el esperado proyecto ingresará a tramitación esta semana a la Cámara de Diputados.
“Nos confirmó el ministro (Jorge) Quiroz que el proyecto ingresa esta semana. No dijeron el día, pero será esta semana”, sostuvo el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, a la salida del comité político ampliado en La Moneda donde el tema central fue la megareforma de reactivación y reconstrucción que alista el Ejecutivo.
La normativa anunciada a principios del Gobierno aún no ingresa, aunque trascendió que será presentada por estos días a la Cámara de Diputados con urgencia simple para comenzar la discusión.
Los cálculos de La Moneda apuntan a que existirían los 78 votos para que la norma sea aprobada en general, por mayoría simple, en la Sala de la Cámara de Diputados a pesar de que tanto el Frente Amplio, el PC y algunos sectores en la DC votarían en contra.
Al respecto, este lunes el jefe de bancada de diputados DC, Jorge Díaz, informó que “hoy la bancada tomó una decisión, de rechazar la idea de legislar, hacer una reserva de constitucionalidad y recurrir al Tribunal Constitucional”.
Sin embargo, la apuesta del Ejecutivo es que algunos parlamentarios del Socialismo Democrático, Partido de la Gente (PDG) e independientes se sumen para poder pasar la primera valla en el Congreso y luego discutir en particular cada norma para la cual se comprometerían indicaciones.
De hecho, este lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló escuetamente ante la pregunta de si hay espacio para incorporar propuestas de parlamentarios que “siempre incorporamos las buenas ideas y en el proceso de conversación del Congreso siempre se pueden incorporar indicaciones”.
El diputado Ramírez reconoció que “hay algunos de la oposición que no quieren legislar y por eso van a votar en contra de la idea de legislar” pero se mostró confiado en que de todas formas “en la votación en general vamos a contar con muchos votos, pero el desafío es votar algunas normas más complejas con más mayoría”.
El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, también es de la idea de que hay votos necesarios para lograr aprobar la idea de legislar y sostuvo que “si votan en contra, la oposición va tener que explicar por qué no quiere más empleo y reactivar. Así que creo que para la idea de legislar van a estar los votos”.
Últimos cálculos
La próxima semana es distrital, por lo tanto, no hay actividad legislativa en el Congreso, pero el Ejecutivo de todas maneras espera presentar el proyecto en estos días para cumplir con su promesa de hace unas semanas.
El texto de la normativa, que trabajan los ministerios de Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), trascendió que consta de 43 medidas, que tiene un informe financiero y otro de productividad, y que se refleja en un articulado de cerca de 100 páginas.
Lo que ha tardado en quedar completamente definido es el informe financiero que debe elaborar la Dirección de Presupuestos (Dipres). Algunos de los encargados del proceso señalan que existe más de un informe debido a que se han incorporado y sacado algunas medidas en base a la propuesta original y que se tomarán el tiempo adecuado porque no quieren cometer los errores de proyecciones de ingresos que ocurrieron en la administración anterior. Por lo mismo, se buscará ser más conservadores en esas proyecciones.
La otra decisión que sigue a firme entre los ministros del comité político es la de mantener el proyecto como una sola unidad, sin dividirlo a pesar de las presiones de la oposición.
Sube posibilidad de análisis en varias comisiones
A la espera del ingreso del proyecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), garantizó a la oposición de que el proyecto será revisado por varias comisiones en su trámite legislativo -no solo la de Hacienda-, lo que en principio para el gobierno podría ser un problema al dilatar los plazos de discusión.
Pero lo que se deberá resolver al momento de dar cuenta del ingreso es si será en comisiones unidas o en forma sucesiva por Hacienda, Constitución y Trabajo.
Alessandri estuvo en La Moneda este lunes en las oficinas del Ministerio del Interior, donde coordinó con el ministro Claudio Alvarado el inicio de la tramitación y cautelar que no se extralimiten los plazos, pensando en el deseo público de Quiroz de que la norma está aprobada el 1 de junio, y el ministro de la Segpres, José García, que fue más cauteloso y espera que sea aprobado a más tardar en septiembre.
Los ministros del comité político se han desplegado en reuniones con diversas bancadas del oficialismo y la oposición para fijar conversaciones de cara a la negociación legislativa. Sin embargo, trascendió que el Ejecutivo no ha tomado ningún compromiso de incorporar alguna medida de la oposición hasta no tener una “señal de apertura” aprobando en general el proyecto para luego sentarse a conversar formalmente. Lo anterior dejaría fuera de cualquier negociación a quienes rechacen la idea de legislar.
Las PYME entran a escena
Los gremios de pequeñas y medianas empresas también han sido un actor en las conversaciones. De hecho, la bancada de diputados de RN se reunió este lunes con representantes de la Multigremial Nacional, la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) y de la Conapyme.
Esto, en medio de la presión de las PYME a Hacienda para mantener de forma permanente la tasa que grava al sector en 12,5%, evitando que aumente a 15% en 2028 y 25% en 2029.
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