Aunque cuenta con la venia de la industria, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, tomó nota de las principales normas, que, a juicio de los principales gremios del sector, afectan el desarrollo del negocio.
En el marco de un seminario organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes, la presidenta del regulador -que estuvo acompañada en el auditorio por los comisionados Bernardita Piedrabuena y Beltrán de Ramón- recibió un petitorio común de parte de la Asociación de Bancos (Abif), la Asociación de Fondos de Inversión (Acafi) y la Asociación de Aseguradores (Aach): aplicar proporcionalidad regulatoria a los actores de cada industria, según su tamaño, riesgo y negocio en que se involucran.
El mensaje fue claro: sin ese ajuste, existe riesgo de concentración, menor entrada de nuevos actores y un freno al desarrollo.
“Creo que tenemos un problema súper estructural de proporcionalidad”, comenzó su intervención en el panel, el presidente de Acafi, Luis Alberto Letelier, quien ejemplificó que, en la industria de fondos, “ha sido excesivamente costoso; hemos visto como varias administradoras de fondos han cerrado, otras que se fusionan. Lo vemos con preocupación y creemos que es necesario avanzar en reformular la regulación de tal forma que, a mayor riesgo, mayor regulación”.
Desde el sector asegurador, el director ejecutivo del gremio, Marcelo Mosso, también apuntó a la falta de diferenciación regulatoria. Por ejemplo, sostuvo que en el caso del reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), “una compañía de seguros de crédito tiene que hacer el mismo reporte que un banco que opera con millones de pesos dando vuelta todos los días”, dando cuenta que, pese a las diferencias de tamaño y de negocio de cada actor, se exige enviar un reporte similar a una agencia estatal.
“Tenemos que cuidar que los requerimientos sean exactamente los que se necesitan para los niveles de riesgo”, sostuvo Tornel.
A juicio de Mosso el impacto de esa carga no es menor, asegurando que, del presupuesto de gastos de las compañías de seguro, el 21,5% en promedio se destina al costo normativo. Por ello, enfatizó que “una regulación que no distingue es una regulación que concentra”.
En tanto, el presidente de la Abif, José Manuel Mena, llamó a ajustar el foco normativo y “centrarse más en elementos principales que permitan reflexionar sobre el no desarrollo (del mercado), y en una de esas bajar el esfuerzo en aspectos que son de micro regulación”, planteó.
Supervisión de seguros
Consultada por los planteamientos de la industria, Tornel, coincidió en la necesidad de alinear mejor las exigencias con los riesgos.
“Tenemos que cuidar que los requerimientos sean exactamente los que se necesitan para los niveles de riesgo. En ello podemos avanzar en mejores mediciones de riesgo y alcanzar eso para el ámbito bancario, continuando con la implementación de Basilea III”, afirmó.
Añadió que en materia de riesgo de mercado y crediticio, “tenemos modelos que son más bien de Basilea II y que no logran medir también el riesgo. Ahí tenemos que avanzar a Basilea III”.
En el caso de seguros, sostuvo que “un avance muy relevante y necesario es avanzar en el proyecto de Ley de Supervisión Basada en Riesgos, que también contribuye de manera importante a la proporcionalidad”.
Otros llamados
Los gremios también pusieron sobre la mesa otras brechas que, a su juicio, limitan el desarrollo del mercado.
Mosso fue enfático en la necesidad de avanzar en el proyecto de Ley de Supervisión Basada en Riesgos -que lleva 15 años en el Congreso- y emplazó al Ejecutivo: “En todos los Enade, el ministro de Hacienda dice que va a ser uno de los proyectos prioritarios (...), lo que pasa es que está estancado (el proyecto) en la Comisión de Hacienda del Senado y nunca hay tiempo para legislar, porque siempre hay otro proyecto más prioritario”.
Por su parte, Mena hizo énfasis en la conducta de mercado -uno de los mandatos de la CMF- y advirtió que “tenemos un problema principal que no tenemos un referente internacional” en esta materia.
En ese contexto, planteó que “hemos involucionado como país”, aunque matizó que avanzar en Basilea III permitirá fortalecer la solvencia del sistema. Así, planteó la necesidad de avanzar hacia un “segundo salto de desarrollo”, que no solo dependa del regulador, sino también de una acción coordinada del Ejecutivo, el poder legislativo y el mercado.
En tanto, Letelier apuntó a la baja profundidad del mercado de capitales como uno de los principales frenos al desarrollo y sostuvo que el tratamiento tributario para las acciones con presencia bursátil debería extenderse hacia emisores con menos transacciones.
“El gobierno anunció la eliminación del 10% a la ganancia de capital, lo cual es una muy buena noticia para nuestro mercado, pero en la medida que eso se mantenga solo para esos emisores (de gran presencia bursátil), me parece que no es tan buena noticia”.
A ello sumó el impacto de la mayor carga regulatoria en la industria de fondos, que ha llevado a la salida o consolidación de actores más pequeños.
Letelier propuso avanzar en la separación entre la administración de fondos y la gestión de inversiones, con el objetivo de facilitar la entrada de nuevos participantes y dinamizar la industria.
Tornel respondió que la propuesta de Acafi será evaluada para determinar si “tiene beneficios mayores que costos (...), si realizamos como consejo esa evaluación favorable, tenemos que proponérselo al Ministerio de Hacienda”.
En cuanto al proyecto de supervisión basada en riesgos, sostuvo que “vamos a hacer todo lo que esté en nuestra de nuestra parte para que el ministro de Hacienda tome como prioridad ese proyecto”.
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