La Policía de Investigaciones (PDI) tiene a las falsas plataformas de trading de monedas, acciones, derivados y criptomonedas en la mira. En un reciente reporte, al que tuvo acceso DF MAS, analizó este “fenómeno”.
Una de las firmas analizadas es GO4REX, que suma 64 denuncias entre 2022 y 2024. Esta firma, dice la PDI, incentiva a personas a invertir ofreciendo promesas de ganancias mediante inversiones en empresas como SQM o Codelco (en esta última, ni siquiera existe la posibilidad de invertir, ya que es estatal).
“Esta plataforma opera al margen de aquellas reguladas por la CMF. Además, sus operaciones generalmente se realizan en el extranjero. Para llevar a cabo esta actividad ilícita, es necesario contar con intermediarios captadores en el país”, destaca el informe.
El estudio va más allá. “Desde una perspectiva psicológica, estas personas atraen a los clientes de manera similar al papel conocido como ‘dealer’, el cual implica un entramado de relaciones, influencias y consecuencias que impactan significativamente la vida de las víctimas, su labor consiste en atraer, influenciar y asegurar la mayor cantidad de dinero posible”.
“En resumen, las víctimas fueron contactadas principalmente a través de publicidad en internet de grandes empresas y figuras públicas, así como llamadas telefónicas, todo esto con la promesa de altos retornos de inversión. Los estafadores utilizaban tácticas de persuasión y exigían más dinero a las víctimas, antes de desaparecer una vez que obtenían lo que querían (todo el dinero posible)”, recalca el informe.
El subprefecto Carlos Paz, jefe de la Brigada de Delitos Económicos de La Serena, explica que ellos lideran una investigación en la zona, donde existe gran actividad minera y de jubilados de esa industria con montos para invertir, por lo que los estafadores los buscan.
Uno de esos casos es un señor que invirtió $ 130 millones. Tras buscar en Google, encontró una plataforma de trading que se hacía ver como regulada y real. Además, les señalaban que otros famosos ya habían ganado dinero. Y así pudieron detectar que una persona desde África era el propietario de la página web, pero que tenía “palos blancos” en Chile, que captaban clientes.
“Tienen una especie de ejecutivo relacionado a su cuenta, y ese es su bróker que le dice que una determinada acción va a subir y hay que transferir más dinero para ganar. Después inventan que una criptomoneda viene al alza y hay que invertir. Primero siempre son inversiones menores de un millón, y al otro día le aparece el doble del dinero en su plataforma y así van subiendo los montos”, explica.
Según el subprefecto Paz, desde 2019 a la fecha a nivel nacional se han recibido denuncias por unos $ 3.000 millones de perjuicio económico de las víctimas.
Por su parte, el comisario Eduardo Parra, del Centro de Análisis Criminal (Cenacrim) de la PDI, agrega que estas plataformas se asimilan a empresas reguladas en sus nombres y hasta en los colores que utilizan para engañar a clientes.
“A las víctimas contactadas por supuestos asesores para hacer un aporte inicial luego se les pide más dinero para gastos administrativos o incluso para desbloquear la ganancia y así siguen depositando dinero, y luego desaparecen”, apunta sobre el modus operandi de estas estafas.
El informe de la PDI, que este mes celebra su aniversario número 91, hace recomendaciones, como campañas fuertes de educación financiera, o que el ente persecutor agrupe estos casos bajo la categoría de “fenómeno”, lo que permitiría un análisis más sistemático y coordinado, dada la dispersión de causas.
Además, recomienda que otros actores, como la Subtel, jueguen un papel importante “al utilizar sus atribuciones para generar el bloqueo a estas plataformas basándose en las denuncias recibidas por nuestra institución o el Ministerio Público. Esto significa que, de acuerdo a la normativa y las atribuciones de esa entidad reguladora, se bloquea el acceso a los sitios web identificados en la red por parte de los proveedores de servicios de internet a nivel país. Para lograr esto, se pueden usar técnicas como la filtración de DNS o el bloqueo de IP (...) Esta acción ayuda a mitigar la proliferación de nuevas páginas web y la comisión de delitos de este tipo, promoviendo el acceso a plataformas reguladas que contribuyen adecuadamente a los impuestos o tributos”.
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