En una época en que la política a veces pareciera moverse sobre la base de consignas y de una lectura de la realidad poco meticulosa, recientemente han comenzado a publicarse una serie de estudios académicos que ayudan a comprender los fenómenos sociales que han marcado a Chile en los últimos años y que –ciertamente– han condicionado el diagnóstico de la clase dirigente.
En la misma línea que el Centro de Estudios Públicos (CEP) con su informe “¿Malestar en Chile”? –que hace una relectura del desasosiego y plantea que los chilenos no reclaman contra el modelo, sino por mayores seguridades–, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) publicó hace unas semanas el informe “Conflicto social en Chile 2015-2016: disputando mitos”. Sobre la base del análisis de los eventos de protesta en espacios públicos –seguidos a través de 18 medios de comunicación–, la investigación liderada por el urbanista Matías Garretón y el cientista político Alfredo Joignant busca desmitificar supuestas verdades instaladas sobre la calle y sus manifestantes.
Porque suele hablarse mucho de la calle, pero sin base empírica, el estudio tiene relevancia porque realiza una especie de radiografía de las acciones contenciosas que la clase política no ha sabido interpretar a tiempo. En meses de elecciones y de promesas, resulta interesante conocer algunos de los principales aspectos de este informe del COES, un centro académico patrocinado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica y que tiene como instituciones asociadas a la Universidad Diego Portales y la Adolfo Ibáñez.
En los dos años estudiados, se contabilizaron 4.033 episodios de conflicto: marchas, movilizaciones, bloqueos de caminos, tomas de edificios y espacios públicos, huelgas, barricadas y hasta acciones de protesta individual.
Un primer aspecto relevante tiene relación con la supuesta apatía de los chilenos. Luego de la alta tasa de abstención en las municipales de 2016, que llegó a un 65%, se comenzó a escuchar con frecuencia sobre la indolencia de los ciudadanos en un contexto de desprestigio de la actividad política. El estudio del COES, sin embargo, derriba esta premisa. Lejos de ser apáticos –indica el informe–, los chilenos participan de distintas formas, con repertorios que incluyen tácticas democráticas, colaborativas y contestatarias, en distinta medida.
En Chile existe una importante organización social subyacente. Las manifestaciones casi siempre están respaldadas, por ejemplo, por estructuras organizadas. Pero la riqueza organizacional de base está poco vinculada con las instituciones democráticas formales, como los partidos políticos, que ignoran estas diversas y activas formas de participación. En definitiva, los chilenos han aprendido a organizarse para expresar demandas que no están siendo satisfechas por las vías institucionales.
Falso protagonismo estudiantil
Un segundo punto del informe del COES derriba la creencia de que las protestas, generalmente, son espontáneas. Efectivamente puede producirse alguna manifestación surgida al calor de un problema específico –como pasajeros del Transantiago que bloqueen calles por la lentitud del servicio, ejemplifica el estudio–, pero un 59% de los conflictos en los espacios públicos tienen detrás una infraestructura, formal o informal. En definitiva, que haya una protesta porque alguien anima a salir a la calle a través de un tuit sería casi siempre una caricatura.
El estudio del COES también se detiene en el poder de los estudiantes y concluye que, aunque son actores muy relevantes, es falso el protagonismo estudiantil indiscutido en la movilización social. Este punto es especialmente interesante, dado que las demandas de este grupo han sido atendidas en forma especial por el segundo gobierno de Michelle Bachelet y en general por la clase política.
Se entregan varios antecedentes. En primer lugar, el informe reconoce el alto poder de convocatoria de los estudiantes, a través de sus federaciones. En la Región Metropolitana, por ejemplo, tienen un 27% de participación en los eventos de protesta de 2015-2016. En otras regiones del país, sin embargo, la participación organizada de los estudiantes se reduce a la mitad y disminuye considerablemente cuando otro tipo de organizaciones –como los movimientos sindicales, por ejemplo–, protagonizan los conflictos. Por lo tanto, de acuerdo a los investigadores, los estudiantes tienen poca cobertura territorial y un limitado nivel de interacción con otros sectores.
Considerando el número de manifestantes en acciones con distintos tipos de demandas, la investigación indica que la movilización por educación tiene un alto poder de convocatoria: 29% del volumen de participación total, con un 13% de acciones únicas, entre 2015 y 2016. Es decir, los estudiantes tienen menos acciones, pero convocan a una mayor cantidad de gente en sus manifestaciones, aunque se concentran entre abril y septiembre.
Pero el informe del COES menciona también a otros dos protagonistas. En primer lugar, se detiene en los conflictos de índole laboral, que no solo se producen en una estación: alcanzan un 19% del volumen de participación total, con un 35% de acciones únicas entre 2015 y 2016. Por otra parte, el estudio hace mención al movimiento No + AFP, que solo en 2016 alcanzó un 31% del volumen de participación total con solo un 8% de acciones únicas. En ese sentido, al menos el año pasado tuvo mayor relevancia que los estudiantes y la movilización sindical.
El estudio, en definitiva, relativiza el protagonismo estudiantil indiscutido en la movilización social.
Un cuarto aspecto en que se detiene el informe “Conflicto social en Chile 2015-2016: disputando mitos” tiene relación a la violencia que existe en las manifestaciones. De acuerdo a la investigación, solo un 12% de las acciones registradas en 2015 y 2016 fue posible constatar el despliegue de tácticas violentas por parte del grupo que reclama. En la misma proporción, señala el estudio, se observa represión activa por parte de las fuerzas policiales.
Santiago no es, necesariamente, la capital del conflicto
El informe corrobora, sin embargo, que la desigualdad de ingresos genera conflictos.
Resulta interesante que, de acuerdo a la investigación, grupos con mayores recursos (tiempos, redes, dinero, por ejemplo) tienen mayores capacidades de hacer valer sus demandas. En Chile sobre todo se trata de clases medias emergentes que no solo cuentan con los recursos, sino con la motivación (como por ejemplo, los universitarios y la petición por gratuidad). Cuando existen altas tasas de pobreza, a su vez, las dificultades para movilizarse son mayores. No es que no se manifiesten –se manifiestan bastante–, pero los segmentos de menores recursos organizan eventos pequeños y convocan a menor cantidad de adherentes.
Un aspecto relevante de la investigación del COES tiene relación a los lugares de Chile donde se da la mayor frecuencia de conflictos por habitante: Aysén, Magallanes, Los Ríos y regiones del norte de Chile. Son todos territorios con un arraigo importante de demandas por descentralización y se caracterizan por un intenso activismo de carácter regionalista o autonomista. No solo la desigualdad de ingresos, sino la desigualdad en distribución territorial del poder político, en Chile también estaría generando mayor frecuencia de la conflictividad.
El estudio establece que la explotación del medio ambiente genera conflictos, en eventos que tienen características bastante particulares: la movilización del frente contencioso ambientalista no es demasiado masiva, pero ha mostrado ser eficiente. Ha incidido por ejemplo en políticas energéticas, en paralización de inversiones millonarias en infraestructuras, etcétera (como el bullado caso de Barrancones). Y a diferencia de otro tipo de protestas, las manifestaciones públicas no son su única forma de expresión. Tienen un trabajo permanente de lobby y abren causas judiciales, entre otras acciones, lo que mejora notablemente su eficacia.
Sorprendentemente, según la investigación del COES, Santiago no es la capital del conflicto. Aunque el protagonismo del Gran Santiago es indiscutible en términos del volumen de manifestantes –señala el estudio–, se debe sobre todo a la cantidad de población y no a un particular activismo o violencia de sus ciudadanos. Si se considera la cantidad de conflictos por habitantes, por ejemplo, la capital no lidera el ranking y se halla por debajo del promedio nacional. Si se observa por cantidad de manifestantes cada 100 habitantes, Santiago obtiene 24, mientras Valdivia alcanza 35 y Antofagasta 34. “El número de conflictos por habitante es tres veces menor en el Gran Santiago que en el resto del país, aunque la ocurrencia de acciones excepcionalmente numerosas compensa lo anterior”, explica el informe.
En cualquier caso, los investigadores señalan que Santiago, sin duda, es la ciudad con mayor represión. De acuerdo al COES, la acción policial tiene mayores probabilidades de producirse mientras más grande sea el evento, lo que la hace probable en la capital.
La conflictividad y la calle –el espacio público que desde 2011 estuvo presente en muchos discursos políticos y marcó la toma de decisiones–, poco a poco comienza a develarse.
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