El Observatorio del Gasto Fiscal miró de cerca la polémica que se produjo entre el actual gobierno y el anterior en torno a los US$ 5.500 millones en gastos no financiados para los próximos cuatro años que denunció el Ejecutivo hace dos semanas, lo que generó un choque entre los dos anteriores ministros de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo Valdés, y el actual jefe del equipo económico, Felipe Larraín.
La directora de la ONG, que vela por una mayor apertura en la información del gasto público, Jeannette Von Wolfersdorff, analiza las lecciones que debe sacar el país tras esta polémica, señalando que la discusión podría haberse zanjado con una mayor cuota de transparencia en la información de las finanzas públicas que se entrega a la ciudadanía.
- ¿Considera que las exautoridades y el actual ministro de Hacienda estuvieron a la altura de la discusión?
- El debate no fue óptimo, lo que ojalá sirva de aprendizaje para el futuro.
Nos llamó la atención la poca coordinación y las declaraciones opuestas entre los actores que son claves en materia fiscal: Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) por un lado, y después los miembros del Consejo Fiscal Asesor (CFA), los ex ministros de Hacienda, y también los parlamentarios.
No hace bien a la institucionalidad fiscal que se haya producido un debate tan duro sobre montos de gran envergadura, sin mostrar ninguna coordinación previa entre los actores.
En este sentido, aunque aplaudimos sincerar la situación fiscal, somos más bien críticos a la forma con la cual Hacienda ha comunicado los gastos adicionales a financiar. Fue efectista y lo considero contrario a la política de acuerdos que el Presidente Piñera pidió implementar.
- ¿Faltó ahondar en la metodología con la que se llegó a esas cifras?
- El informe de Dipres no contenía los detalles de los cálculos que están detrás de las cifras. Ello no es correcto desde el punto de vista de transparencia.
Hay un aspecto que queremos sugerirle a Hacienda a mejorar: cuando hay anuncios fiscales debieran entregarse siempre los cálculos respectivos, de forma detallada y no solo las cifras gruesas.
Dicho eso, pienso también que es hora de apoyar al ministro de Hacienda y al director de la Dipres, Rodrigo Cerda, en su gestión, que no será fácil especialmente con miras hacia el sector Salud (ver nota relacionada).
- ¿Rescata algo positivo de este debate? ¿Es “el” momento para tomarse en serio el tema de la transparencia fiscal?
- Es importante salir de los últimos “debates semánticos”, porque quitan importancia al fondo del tema: las cuentas fiscales no han estado suficientemente transparentes ni entendibles ni para expertos ni menos para ciudadanos.
El gobierno de Bachelet II empezó a abrirse algo con la primera versión de datos abiertos del gasto público, y es de esperar que la crisis actual de las energías y el entusiasmo para modernizar y transparentar mucho más aún el ámbito fiscal, sea hacia la ciudadanía o hacia el Congreso.
“Hay parlamentarios que no conocen el destino del gasto que aprueban”
- ¿Es correcto hablar de presiones de gasto o gastos comprometidos?
- No son gastos comprometidos como tales, pero son gastos tan probables -según los datos del pasado- que deberían estar considerados en el balance estructural y en el Presupuesto. Eso lo puedo decir con seguridad acerca el gasto principal no financiado: el financiamiento hospitalario.
- ¿Ve al Parlamento alineado con debatir sobre mayor transparencia fiscal?
- Me atrevo decir que probablemente ningún parlamentario que aprueba la Ley de Presupuestos tiene claro el destino, los objetivos estratégicos y los resultados esperados del gasto que aprueba.
Es más, las glosas de la Ley de Presupuestos son subutilizadas como instrumento para pedirle al gobierno datos no financieros junto con la ejecución presupuestaria. ¿Porqué? Solo unos pocos parlamentarios han estado interesados en avanzar en crear capacidad analítica del Presupuesto en el Congreso, y con ello un debido contrapeso a la Dipres.
A la fecha de hoy, el Congreso no cuenta con una oficina de análisis presupuestario que tenga las competencias para analizar, con la ejecución del gasto, la propuesta de Ley de Presupuestos, así como los informes financieros de los proyectos de ley.
Esperamos que durante este 2018 se dé un primer paso para crear una institucionalidad presupuestaria a nivel bicameral en el Congreso, y que esta aproveche las nuevas tecnologías para transformar información no estructurada que recibe del gobierno en conocimiento práctico para los parlamentarios.
- En este sentido, ¿cuál debiera ser el rol de la Dipres en la rendición de cuentas?
- La institución pública que debería estar a cargo de la rendición de cuentas del gasto público frente a la sociedad, es la Dipres.
No obstante, todavía no ha establecido un Consejo de la Sociedad Civil, desconsiderando las obligaciones de la Ley 20.500.
Más que querer criticarlo, lo menciono como una oportunidad muy interesante para este gobierno: la Dipres podría invitar a agrupaciones de ciudadanos con intereses comunes (medioambiente, educación, salud, etc), y establecer mesas temáticas, en los cuales se podría debatir, bajo reglas claras, sobre las necesidades de información sobre el gasto público que tienen los distintos sectores.
Para darle a Dipres un “input” al debate, estamos empezando ya un estudio que busca cuantificar las brechas de información actual, contrastando lo que los ciudadanos o académicos esperarían de la rendición de cuentas del gasto público, con lo que la Dipres u otros servicios públicos como la Subsecretaria de Desarrollo Regional (Subdere) publican.
"Hay que cambiar la cultura de descontrol que hay en Salud"
- ¿Cómo se puede afrontar el déficit en Salud?
- Primero, debiera haber transparencia acerca de la eficiencia hospitalaria. Medir la eficiencia hospitalaria periódicamente, y permitir comparar los hospitales en este sentido, será un primer paso para dejar de "proteger" a los hospitales con mala gestión.
Segundo, es urgente conectar la contabilidad pública con el sistema de compras públicas. De esta manera, será difícil hacer compras sin recursos presupuestarios, desde los servicios de salud o desde cualquier otro servicio público. Junto con ello, se podrán registrar y publicar en línea los plazos de pago del sector público para crear presión concreto para el pago oportuno.
Tercero, considerando de que los servicios de salud han ejecutado gasto público por sobre la Ley de Presupuestos vigente, especialmente entre 2014-2017, sin duda hay un rol de la Contraloría a reforzar también. Continuamente, la Contraloría debería instruir sumarios a todos los servicios que no cumplan el marco legal presupuestario y será bueno que en el futuro tenga potestades también para sancionar, lo que sí requerirá un cambio normativo.
- ¿Cómo ve esta idea del exministro Valdés de establecer como causal de remoción de un director de servicio de salud el sobrepasarse en su gasto?
- Sin duda, es importante apoyar la gestión presupuestaria con un rol más activo de la Contraloría y con convenios de desempeño para las jefaturas del sector salud, incorporando allí también metas presupuestarias. Hacienda y la Dipres requieren todo el apoyo político para mejorar la gestión en salud, porque se necesita la coordinación de diversos actores públicos, para cambiar la cultura de "descontrol" en el sector Salud y quitar privilegios indebidos.
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