Llevan semanas analizando el proyecto de reforma laboral que presentó el gobierno el pasado 29 de diciembre.
Prácticamente no se les ha ido detalle y están alertas sobre varias materias que advierten como "poco claras" o de "cuestionable constitucionalidad".
Se trata de tres especialistas de los estudios más destacados en temas laborales: Carey; Philippi, Prietocarrizosa & Uría y Uribe, Hübner & Canales, quienes adelantan cómo se preparan internamente para enfrentar la aplicación de la nueva normativa.
Para el socio de Carey, Óscar Aitken, existen ciertas propuestas que parecen estar disociadas de la realidad de las industrias, como por ejemplo, la negociación anticipada que sería aplicable a los trabajadores de obra o faena transitoria. Esto puesto que en ciertos sectores productivos se hace altamente difícil una negociación colectiva previa al comienzo de un proyecto que puede tener comprometido un precio y una fecha de entrega grarantizada.
Además, el experto enfatiza que "es cuestionable la constitucionalidad de limitar el derecho fundamental de los trabajadores no sindicalizados a negociar colectivamente o recurrir a la huelga en las empresas en que exista un sindicato...A nuestro juicio, la libertad de no sindicalización está siendo restringida por la vía de exigir sindicalización para el ejercicio del derecho a negociar colectivamente (garantizado en la Constitución) y a la huelga legal", detalla.
El socio y líder del área laboral de Philippi, Prietocarrizosa &Uría, Enrique Munita, coincide con que el proyecto presentado afecta la libertad de asociación y libertad sindical. "Este es un aspecto que esperamos se corrija en el Congreso. Asimismo el tema de los servicios mínimos debe regularse con plazos más breves y de manera que los haga efectivos", explica.
Por su parte, el socio de Uribe, Hübner & Canales, Enrique Uribe advierte que esta reforma, al contrario de lo que dice el gobierno, hace más complejo el procedimiento de negociación colectiva al impedir el reemplazo en caso de huelga. "Habrá que ver la forma en que los empleadores podrán hacer uso de su legítimo derecho de mantener su empresa funcionando, así como de resguardar el derecho al trabajo de quienes no participan en la huelga".
Uribe también alerta sobre la mayor judicialización que traerá el fortalecimiento del rol mediador de la Inspección del Trabajo.
"Creo que la posibilidad que se le entrega de proponer claúsulas, entre otras facultades, traerá más conflictividad, ya que se trata de materias bastante técnicas para las cuales el mediador no estará capacitado, además de no conocer los procesos productivos particulares de cada empresa ni su realidad interna", asegura.
Preparación
Estas dudas mantienen en alerta a los equipos legales de los principales estudios en esta disciplina, los que desde ya se están preparando para la demanda que enfrentarán tras la aprobación del texto legal.
En Philippi, por ejemplo, dicen estar preparados dado su expertise en negociaciones colectivas y el acabado estudio que han realizado de la reforma.
Algo similar pasa en Uribe, Hübner & Canales, quienes -además- han participado de este proceso asesorando a la CPC. Mientras que en Carey han reforzado el equipo legal con nuevas contrataciones.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
