Antes de que la presidenta Michelle Bachelet concretara su más reciente cambio de gabinete el 18 de noviembre pasado, los rumores de pasillo en La Moneda indicaban que el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, abandonaría su puesto para luchar por un escaño en el parlamento.
Finalmente, eso no ocurrió, ya que el secretario de Estado y militante del Partido Comunista optó por consolidar su trabajo en la cartera. “Tengo la convicción de que este gobierno va a terminar con un saldo muy positivo en materia de calidad de vida de las personas, de las familias”, dice.
- A pesar de los esfuerzos, Chile se mantiene como el país más desigual de la OCDE. ¿Se puede hacer más para reducir la brecha de desigualdad?
- Se han hecho esfuerzos importantes, que en algún momento van a cristalizar en una disminución de la desigualdad, pero que tienen que tener tiempo de desarrollo. La reforma tributaria busca acortar las brechas de desigualdad y parte del principio de la justicia tributaria. Eso, pensando en mayor gasto para políticas sociales.
La reforma en educación, ya en régimen, debiera tener un impacto en disminuir la desigualdad, especialmente porque aborda la educación como un derecho, el Estado absorbe recursos y libera presupuesto para las familias y permite mejorar la calidad de vida.
La reforma laboral también debiera tener un impacto en materia de relación empleador-trabajador desde el punto de vista de salarios más justos.
- Entonces, una vez maduradas las reformas, ¿la desigualdad debiera disminuir a mayor velocidad?
- Nuestra aspiración es que la desigualdad disminuya, sería ficción decir que aquello se va a demorar más o menos, pero va a tener un impacto.
Las reformas implementadas son políticas que van a tener un impacto en la desigualdad, que tienen que comenzar a desplegarse, y que perfectamente van a contribuir a una mejor convivencia.
- ¿Se hace más difícil hacer política social en medio de las restricciones presupuestarias?
- Lo que queda demostrado con la ley de Presupuestos 2017 es que las prioridades están bien puestas en materia de gasto social, en el sentido de que se orienta muy bien a las necesidades de las chilenas y chilenos, invierte en educación, en salud, en trabajo, en seguridad social.
En la Ley de Presupuestos de 2016, el 68% del gasto era social y en el presupuesto que se acaba de aprobar para 2017 69,2% lo es. El Ingreso Ético Familiar se incrementa 7% con un énfasis en microcréditos, apoyo al empleo de las mujeres y particularmente al fortalecimiento metodológico de los procesos de intervención de carácter psicosocial y sociolaboral; se aumentaron 10% las pensiones básicas solidarias.
¿Eso qué demuestra? Que una política con una orientación hacia la protección y a la seguridad social, no puede ser regresiva. Tiene que ser progresiva, indistintamente que esa condición esté afectada por una coyuntura como la económica. Pero lo que refleja el Presupuesto es una orientación hacia la inversión social, que se mantiene inalterada no obstante la mayor lentitud económica.
- ¿Se hace más urgente retomar mayores tasas de crecimiento para potenciar aún más las políticas sociales?
- El crecimiento ha sido una urgencia para el gobierno desde el inicio. Uno tiene que pensar en políticas de igualdad social, redistributivas y con enfoque de derecho que partan de la premisa de que Chile debe ser un país menos desigual, pero también se relaciona de manera muy estrecha con el crecimiento permanente del país. La política de crecimiento es una condición para mejorar la calidad de vida de las personas y no tiene por qué disociarse el crecimiento con el enfoque de derecho.
- Pero muchas críticas apuntan a que en la primera parte del gobierno no se priorizó el crecimiento.
- El crecimiento ha sido una prioridad permanente del gobierno.
- El sector privado ha dicho que el crecimiento económico es la mejor política social. ¿Coincide?
- El crecimiento económico es una prioridad como así también políticas para una adecuada distribución de los ingresos, van de la mano.
- Actualmente el gobierno es blanco de críticas, pero ¿cómo cree que será recordado en unos años más?
- Las críticas son de coyuntura. El conjunto de políticas públicas con enfoque de derecho, los instrumentos que el Ministerio de Desarrollo Social ha impulsado,como el nuevo Registro Social de Hogares, los cambios introducidos en la Encuesta Casen 2015, la Encuesta Nacional de Discapacidad o el Registro Social para Personas en Situación de Calle, nos muestran que también hemos hecho un esfuerzo por mejorar los instrumentos para efectos de políticas públicas con perspectiva de derecho y en función de lo que es la realidad nacional presente, no la de hace 10 años.
En ese sentido, soy un convencido de que el gobierno va a terminar con una buena valoración desde el punto de vista de cómo impacta esto en las familias y lo que es más aún, va a tener una impronta histórica muy positiva.
Pensiones: "Nadie pensaría hoy que no debe haber un cambio"
Al hablar de la reforma previsional, el ministro Barraza señala que en medio de todo el debate, algo está muy claro: el sistema, como funciona hoy, requiere de cambios importantes.
¿El foco? Apuntar a una revaloración de la seguridad social, combinando adecuadamente lo solidario con lo individual. "Se ha hecho una propuesta al país, hay un debate que está cursando y que no ha concluido. Esperamos que en los próximas semanas pueda haber luces de aquello", plantea.
- El debate ha avanzado lento.
- Pero ha avanzado. Hay un diálogo muy interesante respecto de cuál debe ser la seguridad social que Chile tendrá para los próximos años. Lo que está claro es que hablar solo de industria de pensiones es insuficiente, no refleja la inquietud del malestar ciudadano, eso hay que tenerlo muy presente.
Aquí se ha sido consistente con las demandas sociales, se convocó a este gran diálogo porque una modificación estructural necesariamente requiere de una conversación pública amplia, de todos los actores. Mis expectativas están puestas en que este diálogo será fructífero y podremos hacer cambios que le hagan sentido a las chilenas y chilenos respecto de tener una vejez digna.
- ¿Hay alguna autocrítica por las públicas diferencias dentro del gabinete respecto a ese tema, en especial el destino del 5% adicional de cotización?
- Lo importante es que la Presidenta hizo un planteamiento, que se situó frente al país y ahora el país está debatiendo. Yo me concentro en lo importante, que es que el propósito de que Chile debata, que los actores debatan sobre qué tipo de seguridad social se requiere, es algo que se está dando. Lo demás no creo que sea relevante.
- ¿Cree que se han exacerbado mucho los ánimos en el debate?
- El debate en materia de pensiones refleja las complejidades que el país tiene. La ciudadanía aspira a un sistema de seguridad social que sea efectivo desde el punto de vista de proveer buenas pensiones, consistente con el esfuerzo laboral de las personas de toda una vida de trabajo. Aspiran a que haya apoyos solidarios y, a la vez, se releve el esfuerzo individual. Ese mix es importante.
Evidentemente, que al inicio de la discusión, cada sector defiende lo que le parece más adecuado, pero lo que es indiscutido es que nadie hoy podría pensar que no tiene que haber un cambio significativo y estructural en materia de pensiones. Ya es una verdad asentada que existe una profunda desafección ciudadana respecto al actual sistema de pensiones, y esa desafección tiene que dar paso, como alerta social y política, a cambios que permitan que la gente valore el sistema de pensiones.
Las modificaciones que se realicen al sistema de pensiones tienen que tener al centro la sustentabilidad del sistema. Esto tiene que ser permanentemente autofinanciado, pero también debe tener una orientación nítida y clara a entregar buenas pensiones.
Hoy, con el actual sistema, lo que es claro es que su orientación no está puesta en una auténtica seguridad social. Hablamos de industria de pensiones, pero no de seguridad social. Y hablar de seguridad social es fundamental para que las chilenas y los chilenos tengan certidumbre sobre su futuro.