En su etapa final está el proyecto de ley de migración que el gobierno espera enviar prontamente para su discusión legislativa. El tema, que se ha tomado el debate público, es una de las prioridades de la agenda legislativa y que se viene trabajando hace un par de años por el gobierno.
Se espera que la presidenta Michelle Bachelet reciba en los próximos días la propuesta legislativa final, una vez que se superen algunas diferencias de criterios entre Cancillería y el Ministerio del Interior.
La ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, reconoció que existen discrepancias entre ambas carteras, pero aclaró que éstas no serán impedimento para su pronto envío al Congreso.
“La Presidenta va a recibir este proyecto y está en la etapa final de elaboración. Está justamente en un comité interministerial y está siendo revisado por las distintas instancias. Han surgido diferencias, pero no son de carácter sustantivo y las que existen o que pudiesen existir entre los distintos sectores dentro del Ejecutivo son completamente legítimas y salvables”, aclaró.
Institucionalidad y sistema de visaje
La vocera de Palacio aclaró que estas diferencias apuntan a la sustentabilidad económica del proyecto. “Tienen que ver probablemente con énfasis, con aspectos de carácter económico o financiero. Ustedes saben que tenemos que presentar proyectos de ley que tengan sostenibilidad económica para ser responsables. Las diferencias que pudieren existir entre uno y otro son absolutamente salvables y podemos llegar a término a finales de este año y principios del próximo para poder ingresar el proyecto de migraciones”, concluyó sin especificar el detalle de las divergencias.
Sin embargo, trascendió en La Moneda que algunos de estos
desacuerdos se relacionan con qué tan progresista podría llegar a ser el sistema de visaje. Aquí, Cancillería tendría una óptica más conservadora, mientras que la cartera de Interior abogaría por una visión más modernizadora. Otra traba que ha presentado la elaboración de este proyecto de ley es la institucionalidad que adoptaría la normativa de migración.
Así, la propuesta inicial consideraba una agencia de mayor tamaño, mientras que la lectura actual es que este diseño implicaba muchos recursos, que actualmente no están disponibles, por lo que se optó por una propuesta más reducida con menores niveles de burocratización.
En tanto, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, aclaró que el proyecto de ley del gobierno tiene como base el proyecto de Piñera, el de Bachelet y el trabajo que se hizo entre junio de 2014 y ahora con ocho instituciones públicas y 400 entidades privadas, descartando las críticas por los retrasos de la normativa. “Para hacer política pública que soluciona los problemas reales de Chile no hay que hacer demagogia. Lo que nos interesa es arreglar los problemas del país”, expuso.
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