Lejos de acallar las críticas a la idea de una AFP estatal, el anuncio de la presidenta de la República, Michelle Bachelet nuevamente fue desestimado por actores de diversa índole. Uno de ellos, es el centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD), que manifestó su negativa al proyecto porque, entre otros aspectos, la incorporación de un órgano estatal al sistema puede significar una barrera a la entrada de nuevos actores.
Según Sergio Morales, investigador del Programa Legislativo de LyD, no es un argumento justificativo que la AFP estatal contribuirá a dar mayor competencia al mercado, porque esto ya se ha potenciado gracias al sistema de licitación de carteras. “Esto ha quedado de manifiesto recientemente con la adjudicación de cartera de Plan Vital, el cual ofertó una importante rebaja de su comisión desde 2,36% a 0,47%, después de este hecho”. Asimismo, agregó que por el contrario, la incorporación de un órgano estatal puede significar una importante barrera a la entrada de nuevos actores al sistema, “a lo que se suma las dudas respecto de las instrumentalización del organismo para financiar, con los fondos de sus afiliados, proyectos de gobierno que no siempre aseguran rentabilidad”, explicó.
Morales también manifestó reparos respecto de los recursos que se invertirán en crear esta nueva institucionalidad, los que a su juicio, debieran ser destinados a mejorar el pilar solidario y generar eficientes incentivos para cotizar.
Por su parte, la investigadora de LyD; Cecilia Cifuentes, agregó que la propuesta del gobierno tiene más riesgos que beneficios. Según la investigadora, un punto relevante serán los costos administrativos que tendrá la nueva empresa, los que dicen relación con contar con gente idónea y calificada para el manejo de inversiones, además de implementar o contratar una plataforma tecnológica que respalde su funcionamiento.
Otro peligro que ve es el potencial manejo político de los fondos y en esa línea también cuestionó la conformación del gobierno corporativo, cuyos siete miembros serán elegidos por el ejecutivo. “El hecho de que el directorio quede sujeto a la decisión de un gobierno no es lo óptimo…Una AFP estatal maneja recursos significativos y existe el riesgo de que se manejen los fondos con criterios más políticos que técnicos”, aseguró.
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