Aunque aún restan algunas aprobaciones por parte de las autoridades de Medellín para que EPM pueda iniciar formalmente la venta de Aguas de Antofagasta, ya suenan los primeros nombres que podrían entrar en la puja por quedarse con esta concesión nortina, que hasta 2015 estuvo en manos del grupo Luksic, que en 2003 pagó US$ 183 millones por ella.
La Empresa Pública de Medellín (EPM), cuyo foco principal está en el negocio eléctrico, requiere con urgencia levantar recursos para cubrirse ante el retraso en la entrada en operación de un gran proyecto hidroeléctrico, que impulsa en el departamento de Antioquía.
La enajenación de Aguas de Antofagasta, además del parque eólico Los Coruros, ubicado también en Chile, y una participación en la transmisora colombiana ISA, es la forma más rápida de conseguir del orden de US$ 1.300 millones.
EPM pagó casi US$ 1.000 millones por la sanitaria que atiende a seis comunas de la región de Antofagasta y ahora se puso un plazo de entre seis meses a un año para concretar la venta.
Entre los interesados inmediatamente surgió Suez, la controladora de Aguas Andinas, que hace tres años estuvo en la puja por la sanitaria, pero se quedó atrás frente a la ambiciosa apuesta que hizo la colombiana.
Cercanos a Aguas Andinas comentaron que existe el interés y la compra está siendo analizada, aunque otras fuentes aclararon que todo el proceso está en una fase muy inicial.
Este interés explicaría, por ejemplo, el remate de acciones de Inversiones Aguas Metropolitana (IAM), la matriz de Aguas Andinas, que Suez realizó a inicios de agosto y que le permitió recaudar unos US$ 100 millones. En paralelo, conocedores del sector comentan que en los últimos meses la europea ha realizado una serie de ajustes en su estructura para lograr eficiencias que le permitan asumir un eventual incremento en sus operaciones.
En el mercado se comenta que en paralelo a la dueña de Aguas Andinas hay otros fondos que estarían sondeando la posibilidad de una alianza, ya sea con la misma Aguas Andinas, o con otro operador para presentar una oferta conjunta cuando EPM logre formalizar el proceso de venta.
Una opción de este tipo sería similar a la que recientemente aplicaron la japonesa Marubeni y la administradora de fondos Tosca, que hace unos meses en conjunto se hicieron con la propiedad de Aguas Chañar, en la región de Atacama.
Proceso de EPM
La colombiana anunció a fines de julio, tras dos meses de análisis de diversas alternativas para apalancar recursos, que se desprendería de los tres activos mencionados, aunque según explicaron en forma posterior, para ello requieren conseguir una serie de aprobaciones, que son requisito para poder contratar a un banco de inversión que lleve adelante la venta.
El permiso más importante es el del Concejo de Medellín, entidad que fue muy crítica del alto monto que EPM desembolsó por la sanitaria local y que ahora podría oponerse por el castigo en precio que podría tener la enajenación.
La empresa informó que también inició los trámites legales referentes a la venta de la propiedad accionaria estatal, aunque un contratiempo que podría encontrar son las demandas anunciadas por un sector de la Asamblea de Antioquía, que busca anular cualquier intento de venta por parte de la empresa pública.
Estas acciones legales, que incluyen anular cualquier autorización que entregue el Concejo Municipal -para lo cual todavía no se manejan fechas-, estarían basadas en que lo que denominan un mal manejo de la crisis en Hidroituango (ver nota relacionada) no puede derivar en la venta del patrimonio público de Medellín.
Derrumbe en hidroeléctrica provoca millonario impacto a EPM
El derrumbe a fines de abril de parte de los túneles habilitados para desviar el curso del río Cauca durante la construcción del mayor proyecto hidroeléctrico en la historia colombiana, con 2.400 MW de capacidad instalada y una inversión de US$ 3.800 millones, es el origen de la crisis que tiene por las cuerdas a EPM, obligada a desprenderse de activos que hasta ahora eran importantes para ella.
Para evitar una tragedia de proporciones, debido al alza de los niveles del agua por el embalsamiento del cauce, producto del bloqueo de las obras de desvío, la empresa debió tomar la compleja decisión de inundar la caverna donde está la casa de máquinas. Ahí ya estaban instaladas las ocho turbinas y los transformadores de la central, equipos que se habrían dañado en forma irreversible.
Pese a esta medida, de todas formas la empresa está enfrentando el desplazamiento de más de 1.300 familias que desde mayo permanecen en albergues habilitados.
Las obras del proyecto HidroItuango comenzaron en 2010 y el inicio de operaciones estaba previsto para fines de este año, plazo que ahora es incierto, pues aún ni siquiera han podido estimar el monto de los daños, pues para ello requieren sacar el agua de la caverna.
En las localidades aguas abajo de las instalaciones, ronda la incertidumbre por el peligro asociado a la rotura de las obras y la liberación sin control de las aguas que comenzaron a ser embalsadas el verano pasado. De hecho, existen zonas bajo niveles permanentes de alerta para una evacuación inmediata.
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