Una extensa reflexión del momento que enfrenta Chile y el rol de la empresa expresó el presidente de Empresas CMPC, Luis Felipe Gazitúa, en la carta a los accionistas contenida en la memoria anual de la compañía. En su misiva, indicó que muchas veces les preguntan sobre los riesgos que ven ante un cambio de gobierno o una próxima elección presidencial. "La respuesta es siempre la misma: buscamos responder a los requerimientos de los clientes, sabiendo que demandan de forma creciente las soluciones basadas en la naturaleza y amigables con el medio ambiente que generan nuestros bosques e instalaciones industriales, y eso nos obliga a invertir y evaluar con horizontes de largo plazo, más allá de un gobierno en particular", lanzó.
Gazitúa aseguró que son -por lo mismo- "respetuosos de las decisiones republicanas que toma cada sociedad de la cual formamos parte". Pero esta misma orientación al largo plazo, precisó, "nos permite advertir aquellos síntomas que, más temprano que tarde, nos alejan del bien común y del ansiado desarrollo de los países".
En esa línea, el ejecutivo sostuvo que no es buena señal, por ejemplo, cuando se debilitan las instituciones republicanas o se recurre a soluciones populistas. "No es buena señal cuando mayorías relativas temporales buscan imponer sus criterios sesgados, aun a costa de tradiciones o derechos consolidados", ahondó. Y definitivamente, añadió, "no es buena señal cuando, por obra u omisión, se legitima la violencia en cualquiera de sus formas".
Acto seguido, recordó que en septiembre de 2022 una amplia mayoría del electorado chileno envió un contundente mensaje sobre su oposición a "aventuras refundacionales que tanto retraso han significado en el pasado para países latinoamericanos y se reinstaló, con la urgencia que merece, la seguridad pública y la sana convivencia como su mayor preocupación". Las encuestas confirman -dijo- que dicha prioridad es compartida por la opinión pública latinoamericana.
Al respecto, sentenció que "la violencia, la delincuencia, el crimen organizado y, en su versión más ideologizada, el terrorismo, desincentivan la inversión, elevan los costos de transacción y, por supuesto, atentan contra la seguridad de las personas y ponen en riesgo sus vidas", agregando que "lamentablemente en Empresas CMPC conocemos bien de este flagelo, con atentados en nuestras operaciones forestales de la zona centro sur de Chile que se han traducido, además de daños al medio ambiente, a bosques y maquinarias, en la irremplazable pérdida de tres vidas humanas, en 2022".
Fue en este punto que Gazitúa reclamó que, siempre disponibles para participar de todo esfuerzo para enfrentar este grave problema, "aún sorprende que algunos sectores persistan en adjudicar responsabilidad a una industria como la forestal, que suma menos de 50 años en la zona y que nació como resultado de una política fiscal para recuperar suelos erosionados".
"Como resultado de mitos y falsedades que detractores de las soluciones sostenibles basadas en la naturaleza se esfuerzan por instalar, hoy vemos con preocupación la falta de apoyo para miles de pequeños propietarios de bosques plantados que perdieron su patrimonio como consecuencia de incendios intencionales. Una falta de respaldo que no se condice con el creciente interés por desarrollar la construcción en madera industrializada para enfrentar el déficit habitacional o por productos de papel que permitan reemplazar plásticos de un solo uso", enfatizó.
Afortunadamente, añadió, "gobiernos de países latinoamericanos como Uruguay, Brasil y Colombia han sabido comprender la importancia y la oportunidad que representa el desarrollo de una industria forestal certificada y sostenible, implementando políticas de incentivos, muchas veces inspiradas precisamente en las seguidas con éxito por el Estado chileno desde inicios de los años 50".
Y recalcó: "No estamos proponiendo ni impulsando incentivos para las grandes empresas, sino exclusivamente para aquellos pequeños y medianos propietarios, así como para su encadenamiento productivo".
Para el ejecutivo, el objetivo de fondo es compartir un diagnóstico y construir en conjunto las soluciones necesarias para enfrentar problemas comunes y urgentes, como es el caso de la crisis climática, que requiere de bosques plantados tanto para la captura de carbono y recuperación de suelos, como para satisfacer la creciente demanda por soluciones derivadas de la naturaleza, sin poner en riesgo la cobertura vegetacional nativa.
"En este aspecto, Chile es nuevamente un ejemplo, con sus más de 14,5 millones de hectáreas de bosques nativos que permanecen prácticamente inalterables desde la implementación paulatina de una industria forestal en base a plantaciones certificadas y sustentables. Soluciones privadas a problemas públicos. Colaboración público privada que demuestra sus frutos tras años de diagnósticos compartidos y construcción de confianzas mutuas. Políticas estables que permiten invertir en la plantación de bosques con plena conciencia de que pasarán décadas antes de obtener los beneficios de su cosecha. Eso es conciencia social. Eso es responsabilidad social, pero compartida por todos los actores y, en el caso de las empresas, evidentemente alineada con una estrategia de negocio sostenible en el largo plazo", destacó.
Criterios sociales y la rentabilidad
Gazitúa también instaló en su carta el rol social que posiciona en las empresas. A su juicio, la incorporación de criterios sociales o ambientales no tiene por objeto la captura de rentabilidades de corto o mediano plazo. "Obedece a la necesidad de toda empresa de sostenerse en el largo plazo, satisfaciendo y cumpliendo sus necesidades productivas sin comprometer las capacidades futuras. En otras palabras, para la empresa, no se trata de ubicarse en el cuadrante Friedman ni en el cuadrante RSE, sino asumir que la atención a la comunidad, al medio ambiente, a los derechos humanos y a otros importantes aspectos de gobernanza, forman parte integral del negocio de la empresa. Y eso explica, asimismo, la necesaria participación que le corresponde en el debate, elaboración e implementación de soluciones privadas a los problemas públicos", reflexionó.
Es la asociatividad público privada -dice- la que ha permitido a Chile, por ejemplo, contar con un nivel de recursos destinados a la prevención y combate de incendios rurales que, al menos, se aproxime a lo que destinan países como Portugal y España, "aunque con la triste diferencia que, a nivel local, ningún gasto resulta suficiente para contrarrestar la escalada de intencionalidad que amenaza cada año con quemar viviendas, cosechas agrícolas, bosques nativos y bosques plantados".
Lamentablemente, advirtió Gazitúa, "ninguno de estos aspectos parece tan vigente ni extendido en nuestra actual realidad latinoamericana". "Quizás esto explique, al menos en parte, la eventual nueva década perdida de Latinoamérica que anticipan algunos economistas, con magros crecimientos y, lo que parece más complejo, con inestabilidades políticas, creciente polarización y una seria dificultad para alcanzar consensos básicos", afirmó.
Para la compañía, un clima favorable a la asociatividad público privada requiere, al menos, de tres condiciones: estabilidad política y social, seguridad y confianza mutua.
Asimismo, sostuvo: "'Calma y tiza', exigen los tiempos vertiginosos que nos toca atravesar y así lo entiende el directorio que me honro en presidir y que, con nuevos y destacados integrantes, recibió el mandato de la junta de accionistas en 2022, un año que cerró con resultados históricos para Empresas CMPC y que, además de elevados precios internacionales para nuestros principales productos, reflejan el compromiso y dedicación de nuestros colaboradores".
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