La Cámara de Diputados aprobó este martes una nueva prórroga del Estado de Excepción constitucional para la Macrozona Sur, en medio de cuestionamientos respecto a la rentabilidad y eficiencia de los recursos estatales invertidos en seguridad. La medida, vigente de manera ininterrumpida desde mayo de 2022, obtuvo 105 votos a favor, 23 en contra y 21 abstenciones.
Durante la jornada, parlamentarios del Partido Nacional Libertario, junto a representantes del PC, FA y PS plantearon que la medida de seguridad se traduce en un gasto excesivo de recursos fiscales, debido a las limitaciones legales y operativas que las Fuerzas Armadas tienen para proteger plenamente a las comunidades que habitan los territorios comprendidos entre la zona sur de la Región del Biobío y norte de la Región de Los Ríos.
La diputada por el distrito 22 en La Araucanía, Gloria Naveillán (PNL), fue una de las voces más críticas respecto a la gestión financiera de la medida. "Acá se necesita que las Fuerzas Armadas tengan todas las facultades y no las tienen. Hoy estamos desperdiciando $ 20 millones diarios, con los militares allá que están chatos (sic) porque ya están aburridos de estar parados en la carretera y no pueden hacer nada si no tienen un carabinero al lado. Eso es un desperdicio de recursos", manifestó la parlamentaria.
Defensa gubernamental
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió la medida argumentando la drástica caída en los delitos que en su periodo más crítico afectó no sólo a la economía y el desarrollo social de la zona, sino también a la estabilidad.
"No obstante las miradas distintas que podamos tener respecto a la eficacia de este Estado de Excepción, los números simplemente demuestran que estas medidas (…) han sido exitosas desde el punto de vista de sus resultados”, explicó el ministro, quien recordó que en 2021 se registró un pick de 1.618 hechos de violencia en la Macrozona. Al cierre de 2025, la cifra fue de 344 eventos de este tipo. “Esta disminución de casos representa una caída de más de 79%", enfatizó Alvarado.
El debate legislativo reflejó, además, la preocupación por el estancamiento económico y productivo que genera la prolongación indefinida de esta herramienta. El diputado y exgobernador de La Araucanía, José Montalva (PPD), subrayó la necesidad de proteger la actividad local sin depender permanentemente de un estado excepcional, haciendo un llamado al Gobierno a plantear un desescalamiento que combata el crimen organizado de manera anticipada.
La experiencia de Arauco
Para el exdelegado provincial de Arauco, Humberto Toro, el debate legislativo en torno a la Macrozona Sur debe transitar obligatoriamente hacia un modelo integral donde la pacificación territorial se traduzca en una reactivación productiva tangible. Argumentó que la medida no puede limitarse a la contención táctica del crimen organizado o a la simple reducción de delitos que paralizan la economía local, sino que debe sentar las bases para la inversión.
"En el caso de la provincia de Arauco, lo que establecimos junto con las instituciones policiales, públicas y el Gobierno, fue precisamente determinar un propósito común que no está vinculado sólo a la seguridad para bajar los indicadores de violencia, de robo de madera o de tráfico de droga. El propósito fundamental vinculaba seguridad para el desarrollo”.
Según Toro, el primer desafío fue resolver los temas de violencia y llevar a los delincuentes a la cárcel. “Esa fue una tarea de seguridad, pero al mismo tiempo se requiere, además de este Estado de Excepción, un Estado presente capaz de responder a las necesidades en paralelo que tiene la ciudadanía mediante fomento productivo, desarrollo económico e inversión habilitante de las estructuras que permitan facilitar el desarrollo de un territorio", planteó.
Bajo esta misma lógica, se advirtió a las autoridades gubernamentales que cualquier plan de salida que busque reducir los altos costos diarios del despliegue militar debe compensarse con una fuerte inyección de recursos fiscales destinados a reactivar las mermadas economías locales. Además de "un desescalamiento del estado de seguridad, debe existir un escalamiento del Estado presente con su batería de recursos para el desarrollo de ese territorio. De no ocurrir así, a mi juicio, es un error pensar en desescalar sin escalar el desarrollo de los territorios, en particular de lo que se denomina la provincia de Biobío, la provincia de Arauco y La Araucanía", sentenció el exdelegado, subrayando el profundo riesgo estratégico que implicaría retirar a las Fuerzas Armadas sin haber consolidado previamente las políticas de apoyo financiero e industrial en las zonas más golpeadas.
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Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
