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Publicado: Miércoles 29 de enero de 2020 a las 07:13 hrs.
El juez superior Víctor Zúñiga dictó la medida de prisión preventiva por 15 meses contra Keiko Fujimori por aportes de Odebrecht a sus campañas de 2011 y 2016.
"El juzgado determina que existe sospecha grave de que la investigada representa un peligro concreto y latente para el desarrollo de las investigaciones", indicó el magistrado en la audiencia.
Para el juez, se cumplen con los tres requisitos para dictar prisión preventiva: alta sospecha de la comisión de delitos imputados, gravedad de la pena y peligro de fuga-obstaculización de la justicia y búsqueda de protección judicial-fiscal.
Agregó que la medida de prisión preventiva es necesaria, proporcional e idónea.
De esta manera, Keiko Fujimori volverá a prisión luego de haber cumplido ya un mandato de 13 meses ordenado por el juez Richard Concepción.
Zúñiga señaló en audiencia que la excandidata estará tras las rejas hasta el 27 de abril de 2021. Es decir, quedaría fuera como candidata para las elecciones presidenciales del próximo año.
En la mañana, el magistrado señaló que "existe sospecha grave en cuanto Keiko Fujimori habría conocido de los actos de conversión y transferencia del dinero ilícito proveniente de Odebrecht". "Tenía participación en toda actividad interna y externa dentro del partido"
También afirmó que "existe sospecha grave" de que Keiko Fujimori coordinó los actos de obstrucción a la justicia, a través del Estudio Oré Guardía. Dicho estudio habría coaccionado a los testigos para que declaren ante la Fiscalía haber aportado al partido.
Zúñiga expresó que la excandidata no tiene arraigo laboral y tampoco arraigo domiciliario porque no tiene casa propia y solo posee como bien una camioneta.
Ahora el fiscal José Domingo Pérez deberá presentar su acusación contra Fujimori Higuchi y luego iniciar el juicio oral antes que venza el mandato de 15 meses de prisión preventiva, según la orden del juez.
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
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