La descarbonización del transporte público avanza, pero actores del rubro piden extender RED a todo Chile y abogan por más medidas
Chile se comprometió a descarbonizar la matriz energética a 2050 -con el cierre de las plantas a carbón-, pero actores privados piden que también se avance en el sector transporte.
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Una de las principales preocupaciones en la lucha contra el cambio climático es la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Chile se comprometió a descarbonizar la matriz energética a 2050 -con el cierre de las plantas a carbón-, pero actores privados piden que también se avance en la descarbonización del transporte -responsable del 31,3% de las emisiones del sector energético-, clave para lograr la meta de carbono neutralidad del Acuerdo de París.
A principios de este mes, los Líderes Empresariales para la Acción Climática (CLG Chile) enviaron una carta a los ministerios de Hacienda, Medio Ambiente y Energía, donde postulan la descarbonización y electrificación del sector transporte como una de las ocho acciones inmediatas, de cara a una reactivación económica sostenible tras la pandemia de coronavirus.
La ministra de Transportes, Gloria Hutt, afirma que ya se está avanzando en la materia desde el año pasado, con la implementación del estándar RED -en reemplazo del Transantiago- que busca sumar buses con tecnologías de emisiones limpias, el que contempla nuevas acciones en el corto y mediano plazo.
Hutt señala que a fines de junio operaban 1.361 buses RED -561 eléctricos y 800 ecológicos- y en los próximos dos meses sumarán 858 más -215 eléctricos y 643 Euro VI-. Con la licitación de septiembre, "tendremos una renovación de más de 80% de la flota de buses de la capital con tecnologías de emisiones limpias", dice.
La ministra adelanta que el próximo mes comenzará la operación de RED en Punta Arenas, y se sumarán posteriormente Concepción y Valparaíso. También se impulsará un plan de electrocorredores "para que cada capital regional cuente con un recorrido de transporte urbano 100% eléctrico", dice.
La directora ejecutiva de CLG Chile, Marina Hermosilla, señala que aunque la expansión del sistema RED a tres regiones es un primer paso, "se puede hacer mucho más y podemos aprovechar la oportunidad que nos ofrece la reactivación necesaria para la economía".
El director de Movilidad Sustentable para Latinoamérica de Engie, Carlos Arias, en tanto, plantea que "si sigue esta tendencia, a 2030 se podría electrificar la flota entera", pero afirma que es necesario expandir el sistema RED a todo Chile. "Hay que trabajar en 'nacionalizar' el sistema aplicado en Santiago. Cuando uno va a regiones, funciona completamente diferente, es mucho más informal", comenta Arias.
El gerente general de Enel Chile, Paolo Pallotti, asegura que la apuesta por la electrificación "es un aporte para descontaminar, además de ser eficiente y competitiva. Por otro lado, los buses y la movilidad eléctrica en general requieren un gran uso de cobre y litio, y con el consecuente aumento de la demanda, van a favor de la minería chilena".
Respecto de la próxima licitación del sistema de Transporte RED en la Región Metropolitana, programada para el 9 de septiembre, en la que tanto Engie como Enel participarían, Arias señala que es necesario anticiparse al proceso con "planificación eléctrica, readecuación de la distribución y tener una red fortalecida. Eso aceleraría más los tiempos de implementación. La transformación se va a hacer. La cuestión es cuánto tiempo tarda".
Otros mecanismos
Hermosilla dice que hoy es un buen momento para la implementación de la electromovilidad, tanto pública como privada, la que según sus estimaciones implica una inversión de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), que se destinaría en aspectos como electrificación, puntos de carga, vehículos y soporte.
"Es harta plata. Pero también es reducción de contaminación en ciudades que hoy tienen altos índices, que se traducen en cerca de 4 mil muertes al año, y una parte importante de ellas se atribuye al transporte (...) Nuestra propuesta es adelantar la descarbonización, haciendo un gran programa como se hizo con la industria eléctrica", indica Hermosilla.
Para lograrlo, la ejecutiva explica que pueden aplicarse dos medidas: el impuesto al carbono y la aplicación de límites a las emisiones, las cuales buscan internalizar el costo social del CO2 en la economía.
"En Chile, el impuesto al carbono es de US$ 5 por tonelada, que pagan las grandes industrias solamente. En los países nórdicos, se exceden los US$ 140 por tonelada", sostiene Hermosilla.
Transporte privado
Respecto al transporte privado, la ministra Hutt señala que actualmente hay un decreto publicado, el cual permite "convertir el combustible que utiliza un vehículo particular, a gas. Además, hemos trabajado junto al Ministerio de Medio Ambiente en la nueva normativa Euro VI para vehículos, que en un futuro obligará a que los que ingresen al país y utilicen gasolina o diésel, tengan estándar mínimo Euro VI".
Hermosilla indica que para este caso, "se puede empujar, por ejemplo, la modificación del impuesto verde a los automóviles. Este debería ser proporcional a la eficiencia energética de los vehículos y penalizar a aquellos ineficientes. En Francia, puedes llegar a pagar US$ 20 mil de multa sólo por comprar un vehículo ineficiente. Es un desincentivo".