Aun no hay un encuentro formal entre la empresa y los acreedores, pero el proceso de reorganización de una de las filiales de AD Retail, la cadena de venta de electrodomésticos y línea blanca Abcdin, está comenzando a tomar forma de cara a marzo, mes en que se espera se de el fuerte de la negociación para lograr un plan que permita darle continuidad.
La sociedad controlada por las familias Santa Cruz Negri y Santa Cruz Munizaga impulsaron el 27 de diciembre la reorganización judicial de dos de sus filiales para acordar un plan de pagos para acreencias que se estimaban en más de US$ 110 millones.
Y pese a que recién se terminó la etapa de verificación de créditos en el primero de esos procesos -el de Dijon prácticamente no ha avanzado-, entre acreedores está claro que la viabilidad del plan de pagos que se apruebe debe contener un fuerte aporte de los controladores, traducido en un nuevo aumento de capital.
Los accionistas de la matriz de estas sociedades, AD Retail, aprobaron por unanimidad una inyección de $ 10.000 millones el 3 de enero, el que se concretará en máximo 120 días, es decir, aproximadamente en mayo. Esto se sumará a los $ 43.000 millones que habían aportado en los últimos dos años, aunque esta vez, una de las ramas de la familia, los Santa Cruz Munizaga, no concurrirían a la operación pese a haber dado los votos, según publicó a inicios de enero diario Pulso-La Tercera.
De todos modos, según se estableció en la junta del 3 de enero, la capitalización de la empresa se hará con dinero en efectivo o con cargo a créditos que se tengan contra la sociedad.
Según un escrito presentado por Abcdin el 12 de febrero para solicitar una prórroga de 30 días a la audiencia de acreedores que estaba programada para el 5 de marzo, del total de $ 196.172 millones de pasivos acreditados, el correspondiente a relacionados a la sociedad corresponde a $ 99.551 millones, mientras que $ 96.622 millones serían de terceros solo en Abcdin.
La señal que esperan los acreedores y bonistas
De cara a un aporte de capital más robusto para viabilizar un acuerdo con acreedores, hasta el momento no habría una posición unánime en las familias controladoras, dicen tres fuentes conocedoras, independientes entre sí.
Pese a que aun no se conoce el plan de reorganización que permitirá dar continuidad al negocio, los acreedores y los bonistas -que este lunes tienen una cita clave a las 10 horas con la empresa- esperan una señal contundente de aporte de capital, en especial por las espaldas financieras que tiene el grupo. Sin recursos, no estarán los votos del plan de pagos definitivo, resume una fuente.
Fuentes de la industria conocedoras del proceso dicen que se requerirían del orden de US$ 30 millones adicionales de capital fresco para dar tranquilidad a todos los actores.
Sin embargo, la inyección de recursos no estaría garantizada debido a las diferencias que existirían entre los principales accionistas de la empresa. Por ello, el plan que este lunes exponga será clave para los bonistas, quienes exigirán algunas cláusulas para extender o renegociar las condiciones financieras de los vencimientos de los bonos de la empresa.
Además, la reorganización judicial, cuyo plan de pagos debe ser aprobado por dos tercios de la deuda, tiene la complejidad que la masa de acreedores está fuertemente atomizada.
Solo en la lista de proveedores por pagar figuran más de 980 acreedores, donde los mayores exponentes son -según un escrito con información al 30 de noviembre- son Samsung Electronics Chile ($ 11.715 millones), Claro Chile ($ 3.461 millones), Intcomex (un proveedor de artículos de tecnología nacido en Estados Unidos, por $ 2.553 millones), Telefónica Móviles Chile ($ 1.855 millones), Entel PCS Telecomunicaciones ($ 1.441 millones), LG Electronics INC Chile ($ 1.352 millones), Envision ($ 1.347 millones), WOM ($ 1.135 millones), Comercializadora Los Robles ($ 1.112 millones) y Solutions 2 Go Chile LLC
($ 1.024 millones), que representan del orden del 18% del pasivo total, aunque para efectos de la junta que decide el futuro de la empresa ese porcentaje sube descontando a quienes no tienen derecho a voto en esa instancia.
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